Cámara: Brasil refuerza combate a apuestas ilegales con nuevo proyecto
La Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados dio luz verde a un proyecto de ley que busca endurecer la respuesta del Estado frente a las apuestas y juegos clandestinos. El texto establece un nuevo marco legal para fortalecer la actuación penal, administrativa, tecnológica y financiera contra operadores no autorizados, considerados por la propuesta como cualquier persona física o jurídica que explore apuestas sin licencia oficial.
El proyecto crea un conjunto de herramientas para cerrar brechas utilizadas por plataformas ilegales, especialmente en el ambiente digital y en el sistema financiero.
Nuevas reglas para el sistema financiero y mecanismos de control
Una de las principales frentes de actuación será el control financiero de transacciones sospechosas. Instituciones de pago y entidades financieras deberán adoptar protocolos que permitan identificar movimientos ligados a operadores irregulares. Estas instituciones tendrán la obligación de publicar informes mensuales con información sobre bloqueos efectuados, acciones de cumplimiento y volumen relacionado a operaciones detectadas.
El proyecto resalta que el sigilo bancario y la Ley General de Protección de Datos (LGPD) garantizan que no se divulgarán datos personales de clientes. Las entidades deberán además consultar bases actualizadas de operadores ilegales, mantenidas por el Ministerio de Hacienda, y compartir información relevante sobre fraudes. El incumplimiento podrá resultar en multas de hasta 20 millones de reales y, en casos graves o reincidentes, restricciones al uso de TED y Pix.
Reglas específicas para el Pix
El texto también asigna al Banco Central la responsabilidad de reglamentar mecanismos destinados a prevenir el uso indebido del Pix por parte de operadores no autorizados. Entre las medidas previstas se incluyen:
- filtros automáticos de CNAE y chaves Pix,
- una modalidad exclusiva de transacciones para apuestas,
- integración con directorios de riesgo,
- marcaciones visuales en los extractos,
- mecanismos de autoexclusión.
Cambios aprobados por la relatoría
El relator del proyecto, el diputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), defendió la aprobación del PL 4044/25, de autoría del diputado Paulo Litro (PSD-PR). Durante la discusión, Bilynskyj propuso retirar una limitación que restringía las obligaciones solo a instituciones financieras autorizadas por el Banco Central.
Según el relator, esa restricción abriría espacio para que operadores ilegales migrasen hacia intermediarios fuera del perímetro regulatorio. Con la modificación aceptada, las obligaciones alcanzan a todas las instituciones de pago y financieras, incluidos gateways, participantes indirectos de arreglos de pago y fintechs bajo regímenes especiales.
Cambios en la ley de apuestas y control tecnológico
El texto también modifica la legislación vigente para exigir que operadores autorizados implementen sistemas de geolocalización capaces de bloquear accesos realizados por VPN o desde el extranjero. Proveedores de internet deberán mantener un canal directo con el regulador para atender órdenes de bloqueo.
Queda prohibida cualquier publicidad o servicio tecnológico que facilite la operación de casas de apuestas no autorizadas. Servicios jurídicos o técnicos destinados exclusivamente a obtener la autorización oficial seguirán permitidos.
Nuevos tipos penales y endurecimiento de sanciones
El proyecto introduce un capítulo penal específico para el sector, con cuatro nuevos delitos:
- Explorar o facilitar apuestas sin autorización: pena de 2 a 6 años de prisión.
- Intermediar pagos para operadores ilegales: 2 a 6 años, con aumento si hay envío al exterior o uso de anonimato.
- Divulgar propaganda irregular: 1 a 4 años, con agravante si involucra menores o influenciadores digitales.
- Obstruir bloqueos de sitios o recursos: 2 a 5 años de reclusión.
Las penas aumentan en casos de reincidencia, uso de estructuras empresariales o mecanismos de ocultación de identidad.
Papel de Anatel y próximos pasos en la Cámara
La propuesta refuerza la atribución de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) en el combate a sitios ilegales, incluidas acciones técnicas como bloqueo por DNS, SNI y IP. El proyecto también articula cooperación entre el Banco Central, Hacienda, Anatel y el Coaf, prevé una base unificada de operadores irregulares y crea un canal oficial para denuncias anónimas.
Ahora, el proyecto será analizado por las comisiones de Finanzas y Tributación y de Constitución y Justicia, y posteriormente deberá pasar por el Plenario de la Cámara.
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