Fiscalía RN impugna ley de apuestas online en Bodó
La Procuraduría General de Justicia del Ministerio Público del Río Grande do Norte (MPRN) presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) para frenar la legislación aprobada por el municipio de Bodó, en la región del Seridó, que creó la Lotería Municipal “LotSeridó” y habilitó la operación de apuestas deportivas de cuota fija (bets) en su territorio.
La iniciativa forma parte de un paquete de medidas impulsadas por el Ministerio Público para desarticular el sistema de apuestas que venía funcionando bajo amparo de la normativa municipal.
El argumento central: la competencia es exclusiva de la Unión
El MPRN sostiene que la ley de Bodó viola la Constitución Federal, que reserva a la Unión la potestad de legislar sobre loterías y apuestas. El órgano remarca además que el Supremo Tribunal Federal (STF) ya fijó esta interpretación en la Súmula Vinculante nº 2, que prohíbe expresamente a los municipios crear o explotar servicios lotéricos por cuenta propia.
Para la Fiscalía, no existe ningún interés local que justifique la intervención municipal en un sector que exige mecanismos de fiscalización complejos y de alcance nacional. Las apuestas de cuota fija, recuerda el MPRN, solo pueden ser reguladas y autorizadas por el Ministerio de Hacienda, competente para habilitar operadores y supervisar su funcionamiento.
Aunque la ley de Bodó replicaba modalidades contempladas en la legislación federal, lo hacía fuera del sistema de control de la Unión, lo que, según la Fiscalía, torna el modelo municipal jurídicamente inviable.
Cautelares millonarias: bloqueo de bienes y capitales
La ADI se suma a medidas cautelares obtenidas por el MPRN en noviembre, cuando un juez ordenó el bloqueo, secuestro e indisponibilidad de bienes por hasta R$ 145 millones, dentro de una investigación sobre un esquema de explotación irregular de apuestas que operaba al amparo de la ley municipal.
El Ministerio Público calificó la operación como “flagrantemente ilegal” y justificó la urgencia de las cautelares para evitar fuga de capitales y garantizar una eventual reparación de daños al erario. Los bloqueos abarcaron cuentas bancarias, inversiones, inmuebles y vehículos.
Los montos investigados son significativos: de acuerdo con datos divulgados por la propia Prefeitura de Bodó, las empresas acreditadas por LotSeridó movieron alrededor de R$ 415 millones en apenas diez meses de actividad.
La respuesta del municipio
Tras conocerse la decisión judicial, la administración municipal de Bodó emitió un comunicado señalando que solo tuvo acceso a la información a través de publicaciones del Ministerio Público, y que aún no había recibido notificación oficial.
En su nota, la municipalidad afirmó:
“Reiteramos que estamos plenamente a disposición del Ministerio Público para ofrecer todos los esclarecimientos necesarios y colaborar en lo que corresponda si el órgano considera pertinente incluir al municipio en el procedimiento.”
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