Fux abre una audiencia pública sobre apuestas el 3 de noviembre
La vía judicial se puso en movimiento antes que la legislativa. El ministro Luiz Fux fijó para el 3 de noviembre, a las 10 de la mañana, una audiencia pública en la sala de la 2ª Turma del Supremo Tribunal Federal para discutir las acciones que tratan sobre el mercado de apuestas deportivas y loterías. La convocatoria llegó a pedido de la Abogacía General de la Unión, de las autoras de la acción directa de inconstitucionalidad 8.027 y de las entidades admitidas en los procesos como amici curiae, la figura por la cual terceros aportan información y argumentos al tribunal.
El despacho explica por qué recién ahora. La decisión no se tomó durante el período electoral para evitar que la convocatoria se leyera como una interferencia en el proceso político, lo que confirma desde la propia resolución algo que hasta ayer solo podía inferirse del calendario. Lo que cambió, según la evaluación del ministro, es la urgencia: los plazos establecidos en la medida provisoria y los impactos económicos sobre el fútbol brasileño y sobre otros sectores de la economía pasaron a exigir tratamiento inmediato, en particular desde el punto de vista de la seguridad jurídica.
El alcance de la audiencia es más amplio que la norma que la motivó. Fux ya era relator de causas que discutían la regulación de las apuestas antes de que se dictara la medida provisoria, y por eso el despacho ordena que la decisión se sume también a las acciones directas de inconstitucionalidad 7.721, 7.723, 7.749, 8.024, 8.028 y 8.035. Contando la 8.027, cuyas autoras pidieron la convocatoria, son siete expedientes bajo el mismo relator, y la sesión servirá para subsidiar al Supremo en todos ellos.
Esa acumulación es el dato que vale retener, porque reúne dos generaciones de litigio sobre el mismo mercado. Las causas de la serie 7.7, anteriores a la prohibición, se ocupaban del marco con el que Brasil había regulado las apuestas; las de la serie 8.0 atacan la decisión de cerrarlo. Un mismo relator y una sola audiencia van a examinar entonces el arco completo, desde cómo se abrió el mercado hasta cómo se lo clausuró, en lugar de mirar únicamente el veto.
La posición del Gobierno quedó planteada sobre un eje de competencias y no sobre el fondo del juego. La AGU le pidió a Fux que mantenga la prohibición de manera íntegra, y su argumento central es que la Unión tiene competencia para definir cuáles modalidades lotéricas pueden explotarse en el país. Es una defensa construida sobre el reparto de atribuciones del Estado federal, distinta de la que el Ejecutivo viene usando en el plano político, donde el énfasis estuvo en el endeudamiento y en el daño social.
Hay un antecedente del propio relator que conviene tener presente para leer la sesión. Fux ya había realizado una audiencia pública sobre los efectos de las apuestas, centrada en cuestiones como la ludopatía, y la información recogida allí fue considerada en su voto sobre juegos de azar, en el que destacó los efectos negativos asociados a la actividad. La audiencia del 3 de noviembre llega con el foco puesto en el otro platillo de la balanza, la seguridad jurídica y el impacto económico, de modo que el ministro habrá escuchado por separado a los dos lados de la ponderación que tendrá que hacer. Entre los participantes convocados figura la Procuraduría General de la República.
El contraste con el otro camino es el que define el escenario. La medida provisoria 1.394 de 2026, dictada el 25 de septiembre, prohibió la explotación, la oferta, la intermediación y la publicidad de las apuestas de cuota fija en Brasil, incluidas las apuestas deportivas y los juegos online, y desde el 25 de octubre habilita la suspensión de las licencias ya pagas. Su tratamiento en el Congreso, en cambio, depende de una comisión mixta que tiene composición definida pero todavía no se reunió ni designó presidente ni relator, y el plazo de la norma puede estirarse hasta marzo de 2027 por la suspensión de la cuenta durante el receso parlamentario. Con la audiencia fijada para la semana próxima, el tribunal quedó a varios cuerpos de distancia del Parlamento.
Una acción directa de inconstitucionalidad es el instrumento por el cual determinados legitimados piden al Supremo Tribunal Federal que declare la invalidez de una norma frente a la Constitución, y la audiencia pública es el mecanismo con el que el relator incorpora al expediente la opinión de especialistas, organismos del Estado y entidades interesadas antes de llevar el caso a votación. La medida provisoria 1.394/2026 clausuró el mercado regulado brasileño de apuestas de cuota fija y casino online, que operaba desde 2025 bajo la supervisión de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, y su validez depende tanto de la conversión legislativa como del resultado de estas causas.
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