La ANJL lleva la prohibición a la Justicia y reclama indemnización
La factura que el sector piensa presentarle al Estado brasileño no se agota en lo que pagó por entrar. La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) ya está preparando la presentación judicial para revertir la medida provisoria, y su reclamo de resarcimiento abarca bastante más que los R$30 millones que cada empresa desembolsó por su licencia.
Su presidente, Plínio Lemos Jorge, lo explicó en términos contractuales. La outorga fue una contraprestación pagada a cambio del derecho a explotar el servicio de apuestas de cuota fija durante cinco años, de modo que el pedido incluye también indemnizaciones por daños materiales, por todo lo que el sector invirtió en el país, y por daño moral.
La lectura de fondo de la entidad es que Brasil acaba de retroceder al lugar que ocupaba en 2018. Menos de dos años después del mayor avance regulatorio que vivió el mercado, sostiene, el país liquidó las casas de apuestas legales y dejó a más de 30 millones de apostadores a merced de miles de sitios sin licencia.
La ANJL fue especialmente dura con el motivo de la decisión. Habló de un movimiento sin antecedentes internacionales en la industria, orientado únicamente a un supuesto rédito electoral en la carrera presidencial, y sostuvo que con él se aniquilan principios constitucionales: la libre iniciativa y también la dignidad de la persona humana, esta última por la facilidad con la que ahora los jugadores van a migrar hacia el circuito ilegal.
El segundo eje del planteo es la seguridad jurídica. Para la asociación, el país está mandando un mensaje de desprecio hacia una serie de inversiones ya realizadas y hacia el cumplimiento, por parte de las empresas, de todas las contrapartidas que la ley les había fijado. La conclusión que sacará un inversor internacional, advierte, no puede ser otra que la de un entorno completamente inseguro.
También puso el foco en lo que se desarma. Terminar de la noche a la mañana con una industria entera implica borrar contrataciones de miles de profesionales brasileños, oficinas instaladas y una cantidad de eventos que sostenían a una cadena extensa de trabajadores. Y elimina una recaudación tributaria que, según la propia entidad, rozó los R$10.000 millones solo en el primer semestre de 2026, recursos que iban a la salud, a la previsión social, al deporte y a la seguridad pública, entre otros destinos.
Mientras prepara la vía judicial, la asociación está juntando datos para dimensionar el golpe. No solo sobre las casas de apuestas y sus empleados, sino sobre todo el ecosistema de empresas que gira alrededor de la actividad.
La ANJL nació en marzo de 2023 y agrupa a buena parte de las licenciatarias del mercado regulado, entre ellas Aposta Ganha Loterias, Reals Brasil, Esportes Gaming Brasil, SPRBT Interactive Brasil, Lucky Gaming, Versus Brasil, BETBR Loterias y Upbet Brasil, además de proveedores y empresas de tecnología como Pocket Games, TaDa Gaming y Legitimuz Tecnologia. Es una de las nueve entidades que esta semana firmaron el manifiesto conjunto contra la prohibición. Vale una precisión sobre las cifras: los datos de la Receita Federal difundidos esta semana ubican la recaudación del sector en R$9.910 millones para el período que va de enero a agosto, un tramo más largo que el semestre al que alude la asociación.
Etiquetas: Asociación Nacional de Juegos y Loterías, Plínio Lemos Jorge, reclamo judicial por la prohibición, seguridad jurídica