La prohibición brasileña ya dejó 3.500 despidos en catorce días
Catorce días después del decreto que dejó fuera de la ley la apuesta online en Brasil, el sector ya cuenta más de 3.500 despidos. El número lo levantó la Asociación Nacional de Juegos y Loterías y representa el 23 por ciento de un plantel que la entidad calcula en 15.000 personas, un universo donde entran además los proveedores y los prestadores de servicios. A eso se suman 4.167 trabajadores enviados a vacaciones colectivas, y la proyección de la asociación es que las salidas lleguen a 5.600 dentro de noventa días.
El recuento tiene además una versión con nombres. Unas 730 personas desvinculadas ya fueron identificadas una por una por la Asociación de Mujeres de la Industria del Gaming. Su fundadora, Natalia Nogues, puso el foco en lo que esconde la estadística, detrás de cada número hay una persona, dijo, y detrás de la persona suele haber una carrera construida durante años y una familia que dependía de ese sueldo.
La recolocación es el segundo problema y viene del nivel salarial que tenía la industria. El estudio que LCA Consultores hizo para la asociación y el IBJR había medido un salario promedio de R$7.000 (US$1.359) en 2025, con 63,8 por ciento del personal cobrando por encima de cuatro salarios mínimos. Quienes salieron describen hoy un mercado tradicional con mucho prejuicio contra el que pasó por el sector, y dicen que en las pocas entrevistas que logran les ofrecen reducciones salariales significativas.
El recorte no cayó parejo entre las operadoras. Betano y Superbet decidieron conservar sus plantillas propias porque consideran difícil reponerlas si el mercado se reabre, pero en el caso de la primera el ajuste se trasladó a la cadena, una empresa de atención telefónica radicada en Curitiba que trabajaba para la marca dejó sin trabajo a 500 personas, y la agencia Alob Sports, a cargo de las activaciones del Flamengo, desvinculó a 34 de acuerdo con lo informado por UOL. Su socio fundador, Bernardo Pontes, evitó confirmar ese número aunque reconoció que el corte era inevitable una vez caído el patrocinio. Entre las que sí tocaron su propia nómina, los ex empleados de Rivalo hablan de unos 100 contratos cerrados, algo que Daniel Eskinazi, al frente de la operación brasileña, confirmó aclarando que conserva un equipo mínimo por si la actividad se reanuda, mientras H2Bet reconoció 150 salidas. Ana Gaming, que ya anunció nuevas desvinculaciones, dejó su propia advertencia por escrito, revertir la medida no elimina los daños ya causados.
En ese cuadro Kaizen Gaming, dueña de Betano, salió a fijar posición por escrito. En un posteo de LinkedIn se comprometió a sostener los puestos de su plantel brasileño mientras el Congreso Nacional siga analizando la Medida Provisional n.º 1.394/2026, con una fórmula dirigida a sus propios equipos, sus empleos están seguros hasta el final del proceso, dice el texto, que habla de los compañeros de la operación brasileña. El texto señala que el daño alcanza a las pymes de tecnología, de telecomunicaciones, de medios, de servicios y de educación, y también a la economía del deporte, y recuerda que el régimen abierto en enero de 2025 traía autoexclusión, límites de apuesta y el veto a los beneficiarios de Bolsa Família, además de los 8.747 millones de reales que el Estado recaudó por juego online y apuesta deportiva en el primer semestre de 2026.
El argumento de fondo de la operadora es de desplazamiento y no de recaudación. Para la dueña de Betano la prohibición no borra la demanda sino que la empuja hacia plataformas sin autoexclusión, sin límites y sin aporte fiscal, y la propia asociación le puso número a ese destino, un relevamiento suyo cuenta 30.000 sitios de apuestas ilegales activos en el país. El posteo lo cierra con una definición de tres partes, Apostar conlleva riesgos reales. Prohibir no es proteger. Las reglas, la fiscalización y la educación, sí, antes de reafirmar que la empresa se queda en el país a largo plazo. La consigna del medio ya salió de LinkedIn y llegó a la cancha. El Flamengo la llevó estampada en la camiseta el 8 de octubre, en el empate ante el Santos en Vila Belmiro, y volvió a usarla el 11 de octubre en el clásico del Maracaná, donde el Fluminense, que tiene a Superbet como patrocinador, se sumó con el mismo mensaje.
Las dos cifras del día conviene leerlas juntas porque miden la misma cosa desde los dos extremos. Los 3.500 despidos son el costo verificable y documentado de la medida, con nombres, empresas y plazos, mientras los 30.000 sitios ilegales son una estimación de la asociación del sector sobre la oferta que ocupó el hueco, sin contrapartida oficial que la confirme ni metodología publicada. El Gobierno, por su lado, viene informando órdenes de bloqueo por decenas de miles en las últimas tres semanas, lo que al menos coincide en el orden de magnitud. La asimetría de evidencia entre las dos puntas es lo que define la discusión parlamentaria que arranca ahora, porque el empleo perdido se puede auditar en los registros laborales y la migración a sitios clandestinos todavía se discute con mediciones de parte. Conviene agregar un tercer dato que ninguna de las dos campañas menciona y que es el que va a pesar en el debate, el plazo. Las rescisiones se ejecutan en días y el recupero de un puesto calificado toma meses, de modo que, aun si el Congreso devolviera mañana el marco regulatorio, el sector reabriría con una parte de su personal ya reubicado en otras industrias o fuera del país, y ese costo no se revierte con una votación.
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