Los clubes de São Paulo defienden BRL 350m frente al PL 560/2025
BRL 350m al año. Eso es lo que embolsan en conjunto Corinthians, Palmeiras y São Paulo por sus contratos con operadores de apuestas, según el cálculo de Globo Esporte, y eso es lo que quedaría en el aire si prospera el proyecto que el concejo municipal paulistano tiene sobre la mesa.
La amenaza puso a rivales históricos del mismo lado del mostrador. El viernes 11 de septiembre, delegados de esos tres clubes más Santos y Juventus da Mooca compartieron reunión con ejecutivos de empresas del juego en la casa de la Federación de Fútbol de São Paulo (FPF), con una consigna clara: llegar a la votación con un discurso único.
El texto que los desvela lleva el número 560/2025 y la firma del concejal João Jorge (MDB). Su alcance es amplio. Ningún evento realizado dentro del municipio podría exhibir publicidad de casas de apuestas, ni en gigantografías, ni en banderas, ni en las pantallas de los estadios o de cualquier otro recinto deportivo. Para quien lo desobedezca, el proyecto prevé una sanción económica de BRL 50.000 y la posibilidad de perder por dos años el derecho a organizar espectáculos.
El trámite ya está avanzado. Las comisiones del concejo se pronunciaron a favor y restan dos votaciones en el recinto antes de que el expediente llegue a la firma del alcalde Ricardo Nunes (MDB). El sector local calcula que esa instancia podría concretarse en los próximos días.
Junto al argumento económico hay otro que los clubes repiten con fuerza, el de la asimetría. Si la prohibición rige apenas dentro de los límites de la ciudad, un equipo paulistano tendría que negociar con la mano atada frente a rivales radicados en otros estados, que seguirían habilitados a exhibir las mismas marcas sin restricción alguna.
La FPF es la federación que administra el fútbol en el estado de São Paulo y organiza el Campeonato Paulista, además de nuclear a los cinco clubes que se sentaron a la mesa. La discusión municipal replica un movimiento que ya se dio en otras ciudades brasileñas, donde concejos locales aprobaron o impulsaron límites a la publicidad de apuestas en espacios públicos, mientras el Poder Ejecutivo federal mantiene abierta en paralelo su propia revisión de las reglas del sector.
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