MPRJ pide inconstitucionalidad de decreto que habilita VLTs para
El procurador general de Justicia de Río de Janeiro, Antonio José Campos Moreira, ingresó una representación de inconstitucionalidad ante el Órgano Especial del Tribunal de Justicia del Estado contra el Decreto Estadual 49.804/25, que autoriza la instalación de equipos y terminales físicos para apuestas electrónicas en establecimientos comerciales de todo el estado.
La norma firmada por el gobierno fluminense permite el uso de aparatos como video lottery terminals, totems y smart POS en tiendas, sports bars y otros puntos comerciales, con el argumento de reglamentar las leyes federales 13.756/2018 y 14.790/2023. Para el Ministerio Público, ese decreto desborda los límites federales y crea una modalidad lotérica no prevista por la legislación nacional.
El argumento jurídico
El núcleo de la acción está en la lectura de la Ley 14.790/2023. El MPRJ sostiene que la norma federal no contempla la comercialización de apuestas de cuota fija en medio virtual a través de equipamientos físicos instalados en comercios. Esa restricción, según el órgano, convierte al decreto estatal en una innovación indebida dentro del ordenamiento jurídico brasileño, ya que el régimen federal regula exclusivamente la operación digital.
La representación también marca un problema de competencia. Para el Ministerio Público, los sistemas de consorcios, sorteos y actividades lotéricas son materia privativa de la Unión, por lo cual ningún decreto del Poder Ejecutivo estadual puede disciplinar el tema sin invadir esa atribución constitucional. La consecuencia, según la acción, es la usurpación de potestad legislativa federal por la vía reglamentaria.
Riesgo de un mercado paralelo
El planteo tiene impacto directo en la operación. Si la justicia hace lugar al pedido, los equipos instalados en sports bars y comercios de Río de Janeiro deberán salir del aire. La discusión también pone bajo lupa al modelo de Loterj, el órgano regulador fluminense, que viene impulsando un esquema agresivo de licencias y autorizaciones diferenciado del marco federal de la SPA.
El caso se inserta en una tensión más amplia entre la Unión y los estados sobre quién controla qué porción del mercado regulado. Mientras la SPA fortalece su autoridad sobre el segmento online de alcance nacional, varios estados ensayaron normativas que amplían el alcance del juego en sus territorios. La acción del MPRJ es la respuesta jurídica más sonora del último mes a esa expansión.
El desenlace en el Tribunal de Justicia fluminense puede sentar precedente para otros estados que avanzaron con esquemas similares y obliga a las plataformas con presencia retail en Río a revisar urgentemente su exposición legal. La discusión replica preocupaciones que también atraviesan a Colombia, Argentina y Perú, donde los gobiernos subnacionales pugnan con la regulación nacional por capturar parte de la base impositiva de la industria.
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