Operadores de apuestas en Brasil rechazan CIDE-Bets, alertan riesgos
Las principales entidades del sector regulado de apuestas en Brasil manifestaron un rechazo contundente a la propuesta de crear la CIDE-Bets, un nuevo tributo incorporado por el senador Alessandro Vieira al Proyecto de Ley 5.582/2025, conocido como PL Antifacción. La contribución pretende financiar acciones contra el crimen organizado y proyecta una recaudación anual estimada en US$5.560 millones, pero según los operadores podría generar efectos opuestos a los buscados.
IBJR: “La medida fortalece al mercado ilegal”
El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) cuestionó la iniciativa al señalar que ignora un dato clave del mercado: más del 50 por ciento de las apuestas en Brasil se realizan actualmente en plataformas no reguladas y sin pago de impuestos. Según el instituto, una carga tributaria adicional solo ampliará la brecha entre operadores licenciados y operadores clandestinos que ya actúan con costos mucho menores.
El IBJR recordó que las empresas reguladas deberán aportar en 2025 alrededor de R$9.000 millones en tributos federales, R$600 millones en impuestos municipales y una tasa del 12 por ciento sobre el GGR.
“Una contribución creada para combatir el crimen organizado no debería aumentar la ventaja competitiva de quienes operan al margen de la ley”, sostuvo la entidad, afirmando que las proyecciones de recaudación no consideran la dinámica real del mercado.
ANJL: gravar depósitos empuja al jugador al mercado no regulado
La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) también expresó su preocupación por la inclusión de la CIDE-Bets sin debate previo con el sector. El dictamen analizado en el Senado prevé una doble tributación: un 15 por ciento sobre cada transacción financiera de los jugadores y otro 15 por ciento sobre cada apuesta realizada.
La asociación advirtió que no existe experiencia internacional que respalde un modelo que grava depósitos. “Cuando el usuario percibe un impuesto directo sobre el dinero que deposita para jugar, migra inmediatamente hacia operadores no regulados”, señaló la entidad.
La ANJL agregó que el operador es solamente un custodio de los fondos de los jugadores, por lo que cobrar un impuesto sobre depósitos equivaldría a aplicar una carga tributaria para que un ciudadano coloque dinero en su propia cuenta bancaria, un precedente que considera inédito y riesgoso.
Además, la asociación remarcó que la tributación actual sobre el GGR ya aporta recursos suficientes para financiar políticas de seguridad pública, por lo que la creación de un nuevo gravamen generaría imprevisibilidad e inseguridad jurídica en un mercado que aún está consolidando su marco regulatorio.
El futuro del proyecto
Aunque el PL Antifacción obtuvo aprobación en la Cámara de Diputados, las modificaciones introducidas en el Senado obligarán a que el texto regrese a Diputados antes de ser eventualmente promulgado. Por ahora, la votación permanece detenida tras el pedido de vista del senador Marcos Rogério en la Comisión de Constitución y Justicia.
El debate continuará bajo tensión, mientras el sector advierte que la CIDE-Bets podría desincentivar la competencia regulada, aumentar la informalidad y perjudicar los ingresos fiscales que el propio proyecto busca reforzar.
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