Para el Gobierno brasileño legalizar no resuelve la clandestinidad
Tres ministros del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva expusieron este martes ante el Supremo Tribunal Federal en defensa de la prohibición de las apuestas, y el abogado general de la Unión llevó el argumento de fondo: legalizar no es la respuesta contra la clandestinidad. Participaron Jorge Messias por la Abogacía General, Wellington César Lima e Silva por Justicia y Seguridad Pública, y Alexandre Padilha por Salud.
El planteo de Messias apunta a desarmar el argumento que la industria repite desde septiembre. Sostuvo que hace falta comparar alternativas, capacidad de fiscalización y daños, y que de lo contrario cualquier mercado prohibido podría reclamar autorización por el solo hecho de conseguir incumplir la prohibición.
Esa frase es la pieza más relevante de la jornada del lado oficial, porque invierte la carga de un dato que el propio tribunal pidió. Fux anunció en la misma audiencia que quiere reunir información sobre el avance de las plataformas ilegales después de la medida provisoria, y el sector ya tiene ese número sobre la mesa: las entidades que monitorean el mercado clandestino contabilizan más de 60.000 direcciones sospechosas desde fines de septiembre. Messias se adelanta a esa prueba y discute no su exactitud sino qué se puede concluir de ella.
El razonamiento tiene una estructura que conviene explicitar. Si la existencia de un mercado clandestino bastara para justificar la autorización de una actividad, el incentivo quedaría puesto del lado equivocado: cuanto más grande el incumplimiento, más fuerte el reclamo de licencia. Lo que el Gobierno propone es medir el daño y la capacidad real de control antes de sacar esa conclusión.
Lima e Silva se ocupó del otro frente, que es el procedimental. Negó que el Gobierno haya buscado un atajo al dictar la medida provisoria y se presentó como testigo del proceso: dijo que a lo largo de 2026 se debatieron hipótesis que pudieran regular de modo satisfactorio para superar el drama social involucrado.
Ese punto responde de manera directa a lo que la Asociación Nacional de Juegos y Loterías planteó en su acción. La ANJL cuestiona que estuvieran dados los requisitos constitucionales de urgencia para dictar una medida provisoria, y la respuesta del ministro es que el año se pasó discutiendo alternativas regulatorias antes de llegar a la prohibición, de modo que no hubo premura sino agotamiento de los caminos intermedios.
La presencia de Padilha completa el cuadro que el propio Gobierno había pedido armar. La Abogacía General de la Unión solicitó ampliar la nómina de la audiencia para equilibrar las perspectivas, y entre los incorporados estuvieron los ministerios de Salud y de Justicia y Seguridad Pública. Los dos expusieron, junto con la propia AGU, y los tres defendieron la medida provisoria.
El Ministerio de Salud en una audiencia sobre un mercado de apuestas no es un detalle de protocolo. Es la señal de que el Gobierno construye su defensa sobre el eje sanitario antes que sobre el fiscal o el económico, lo que resulta coherente con el encuadre que Fux mismo usó al describir la ludopatía como una cuestión de salud pública y de economía.
Ahí aparece la tensión que el tribunal tendrá que resolver. El relator comparte el diagnóstico sanitario del Gobierno y lo dijo con claridad en la apertura, pero en la misma intervención defendió la protección de la confianza legítima de quienes operaron bajo una regulación anterior y mencionó la posibilidad de modular los efectos de una decisión. Coincidir en el problema no implica coincidir en el instrumento ni en sus plazos.
La audiencia se desarrolla en el marco de las acciones que cuestionan la Medida Provisoria 1.394/2026, que Lula dictó el 25 de septiembre y que dejó fuera de la ley la publicidad, la intermediación, la oferta y la explotación de las apuestas de cuota fija en el país, con los juegos online y las apuestas deportivas dentro del alcance. La sesión fue convocada por Fux y reúne a 34 instituciones con diez minutos cada una.
La Abogacía General de la Unión es el órgano que representa jurídicamente al Estado brasileño ante los tribunales y defiende la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo. Una medida provisoria tiene fuerza de ley desde su publicación pero necesita que el Congreso la convierta en ley dentro de los plazos constitucionales para no perder vigencia, y puede ser revisada en paralelo por el Supremo Tribunal Federal, que es la vía abierta en este caso. La audiencia no implica decisión del tribunal ni suspende la norma.
Etiquetas: Brasil, STF, Jorge Messias, MP 1.394/2026