Un tribunal federal devuelve la licencia a una casa de apuestas
Una casa de apuestas volvió a operar en Brasil. La desembargadora federal Adriana Pileggi, del Tribunal Regional Federal de la 3ª Región, le concedió tutela recursal a CDA Gaming Ltda. y suspendió para esa empresa los efectos de la Medida Provisoria 1.394/2026, con lo que autorizó el restablecimiento de sus dominios electrónicos y de los servicios operativos, financieros y de pago que necesita para funcionar.
La fecha de la decisión importa tanto como su contenido. Se dictó el martes 3, el mismo día en que el Supremo Tribunal Federal realizaba la audiencia pública sobre la prohibición, y los fundamentos que usó la magistrada son los mismos que el ministro Luiz Fux había planteado horas antes en Brasilia: seguridad jurídica, razonabilidad y proporcionalidad. Dos tribunales distintos, el mismo día, razonando por la misma vía.
El caso tiene números concretos que explican por qué prosperó. CDA Gaming, que opera las marcas Casa de Apostas, Betsul y Jogo Online, había obtenido autorización de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda mediante la Portaria SPA/MF nº 255/2025, con vigencia hasta diciembre de 2029, y desembolsó R$ 30 millones por ese permiso.
Hecha la cuenta, el argumento de la empresa gana densidad. Cuando la medida provisoria se publicó el 25 de septiembre quedaban 39 meses de vigencia de la autorización, poco más de tres años y tres meses, lo que equivale a unos R$ 9,2 millones por cada año de plazo que la norma dejó sin uso. La empresa pagó por un período determinado y la prohibición lo cortó a menos de un tercio de su recorrido.
El punto que la magistrada subrayó es precisamente el que no está en el texto de la medida. La decisión señala la ausencia de cualquier previsión de devolución de las sumas desembolsadas o de indemnización a las operadoras afectadas, de modo que el Estado interrumpió una autorización onerosa sin un mecanismo que compense lo pagado por el plazo no usado.
Sobre eso construyó el núcleo de su razonamiento jurídico. Sostuvo que la prevalencia del interés público no le da a la Administración la posibilidad de modificar de manera inesperada una situación jurídica previamente establecida, sobre todo cuando hay pagos realizados sobre la base de una autorización con plazo determinado.
La magistrada también evaluó el factor tiempo como un daño en sí mismo. Consideró que suspender las operaciones en un plazo tan corto podía provocar perjuicios excesivos a la compañía, en línea con lo que el Fluminense había planteado el día anterior ante el Supremo cuando señaló que en Brasil se prohibió una actividad regulada dando diez días de margen.
Hay un dato más que la decisión incorpora y que mide la presión sobre quien quisiera seguir operando. La medida provisoria prevé una multa de R$ 200 mil por día para las empresas que incumplan sus determinaciones, lo que significa que 150 días de sanción equivalen exactamente a los R$ 30 millones que CDA Gaming pagó por su autorización.
Conviene ser preciso sobre el alcance de lo resuelto, porque no es una caída de la prohibición. La tutela beneficia exclusivamente a CDA Gaming, rige hasta que se analice definitivamente el mandado de segurança presentado en primera instancia o hasta una nueva deliberación judicial, y la empresa sigue sometida a las exigencias regulatorias y a la fiscalización estatal.
Lo que sí abre es un camino. Un tribunal federal aceptó que el argumento de la confianza legítima alcanza para devolver una licencia por vía cautelar, y ese precedente queda disponible para cualquiera de los operadores que pagaron por autorizaciones bajo el régimen anterior. Si la vía individual se multiplica, el efecto práctico de la prohibición podría erosionarse por goteo antes de que el Supremo resuelva el fondo.
La Medida Provisoria 1.394/2026 se publicó el 25 de septiembre y prohibió la oferta, la operación y la publicidad de apuestas deportivas y juegos online en territorio brasileño, dos años después de que la Ley 14.790 de 2023 montara el sistema federal de autorizaciones administrado por la Secretaría de Premios y Apuestas. Una tutela recursal es una medida provisional que un tribunal de apelación concede mientras tramita un recurso, y el mandado de segurança es la acción por la cual una persona o empresa pide protección judicial frente a un acto de la administración que considera ilegal.
Etiquetas: Brasil, TRF-3, CDA Gaming, MP 1.394/2026