aPAL y AGR advierten que sin publicidad no habrá canalización
Las dos asociaciones que agrupan a las plataformas de apuestas en Chile respondieron al proyecto del Ejecutivo con la misma estructura: aprobación del marco y rechazo del capítulo publicitario. La Asociación de iGaming Responsable y la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea cuestionaron la prohibición total de la publicidad y el veto a los bonos y promociones que las indicaciones aplican a los operadores online, y lo hicieron apoyándose en un solo concepto, la canalización.
aPAL reconoció que el Gobierno estableció lineamientos concretos para avanzar en la regulación y que ubicó en el eje de su propuesta la prevención de la ludopatía y el cuidado de los usuarios, con los menores de edad en primer lugar. Pero subordinó el valor de esos avances a una condición previa: que los usuarios efectivamente elijan plataformas reguladas. Esa doble prohibición, la absoluta de publicidad y la de bonos y promociones, "afecta gravemente este objetivo", sostuvieron, con el argumento de que una plataforma licenciada a la que se le impide hacerse conocer y competir en precio contra lo ilegal deja sin cumplir la condición de protección que viene antes que todas las demás.
El abogado Carlos Baeza, representante de la agrupación, ubicó el problema en el terreno de la eficacia antes que en el de los principios. Valoró que las indicaciones traigan herramientas puntuales de prevención y de juego responsable, y definió el desafío siguiente como lograr que esas medidas funcionen y que los jugadores opten por plataformas donde el Estado pueda fiscalizar. Para aPAL, la experiencia internacional indica que toda regulación debería tener como meta primera llevar al jugador hacia el canal supervisado, el único donde existen garantías.
La AGR formuló la misma objeción en términos más frontales. Para la entidad, una regulación moderna "no puede confundir protección con prohibición" y la publicidad hay que regularla antes que eliminarla. Amplió también la lista de afectados más allá del sector: una prohibición absoluta, advirtió, golpea a la prensa, al negocio publicitario y a la plata que sostiene al deporte, desalienta que lleguen operadores nuevos al mercado chileno con licencia y, sobre todo, alimenta el crecimiento de la oferta no autorizada.
Su propuesta alternativa es sustituir el veto por un régimen de condiciones. La asociación pide normas duras en materia de horarios, frecuencia, contenido y resguardo de los menores, y sostiene que la publicidad responsable puede informar, prevenir y ayudar al usuario a distinguir al operador autorizado del que no lo es. Con los incentivos razona igual: regular cómo se ofrecen y se promocionan no equivale, dice, a prohibirlos.
Hay un punto del proyecto que la AGR respaldó sin reservas y conviene registrarlo, porque matiza la lectura de un rechazo en bloque. La asociación consideró bien resuelto el capítulo que define el ingreso al mercado, y destacó tres decisiones concretas: que el acceso dependa del cumplimiento de estándares y no de una cantidad limitada de cupos, que la transición esté sujeta a requisitos verificables y que haya verificación reforzada tanto de la edad como de la identidad. Su conclusión es que la ley no se juega "en la puerta de entrada" sino en lo que pase una vez que el jugador ya está adentro.
El argumento tiene un flanco que el propio sector no resuelve. La canalización depende de que el jugador conozca y prefiera el canal legal, pero en un mercado donde la oferta sin licencia ya está instalada y es la que se publicita de hecho, la prohibición simétrica que propone el proyecto deja a todos en el mismo silencio nominal mientras castiga solo al que tiene algo que perder por incumplir. Ese es el punto fino de la discusión que viene: una prohibición que alcanza a licenciados e ilegales por igual solo es efectiva si el Estado puede hacerla cumplir contra los segundos, y esa capacidad es precisamente lo que Chile todavía no demostró tener.
aPAL es la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea y AGR la Asociación de iGaming Responsable, las dos entidades que representan a operadores de apuestas online con actividad en Chile, un mercado que todavía no cuenta con licencias y donde las plataformas extranjeras fueron obligadas este año a inscribirse ante el Servicio de Impuestos Internos y a tributar IVA. El proyecto del Ejecutivo, de 114 páginas, ingresó esta semana dentro del plazo fijado por el Senado y propone licencias de cinco años con un gravamen anual de 1.000 UTM, además de la prohibición publicitaria y el veto a los bonos que ambas asociaciones objetan.
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