Contraloría Chile: 910 funcionarios apostaron millones en casinos
La integridad de la administración pública en Chile enfrenta un cuestionamiento profundo tras un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR). El organismo fiscalizador detectó que entre enero de 2024 y junio de 2025, un total de 910 funcionarios públicos y municipales realizaron apuestas en casinos de juego, ignorando la prohibición legal que pesa sobre quienes administran o custodian fondos estatales. Lo más alarmante no es solo el número de personas involucradas, sino el volumen de dinero transaccionado, que asciende a una cifra superior a los 11.490 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 12,5 millones de dólares.
El informe, denominado CIC N° 20, es el resultado de un cruce de datos exhaustivo entre las nóminas de empleados del Estado y los registros de clientes proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Según la normativa vigente, estos funcionarios tienen estrictamente prohibido efectuar apuestas en recintos de juego para evitar conflictos de interés y garantizar el buen uso de los recursos públicos. Sin embargo, la investigación arrojó que 181 de estos individuos concentran casi la totalidad de las apuestas, moviendo más del 96 por ciento del dinero detectado. En varios casos particulares, los montos superan los 1.000 millones de pesos, cifras que resultan imposibles de justificar con los salarios que perciben por sus cargos.
Instituciones bajo la lupa y el riesgo de los fondos públicos
La auditoría de la Contraloría identificó que los funcionarios pertenecen a 371 entidades distintas, abarcando desde el nivel operativo hasta altos cargos directivos y profesionales. Entre las instituciones con mayor presencia de apostadores en sus filas se encuentran Carabineros de Chile, la Fuerza Aérea, la Policía de Investigaciones (PDI), la Tesorería General de la República y diversas municipalidades a lo largo del país.
Tomás Valenzuela, académico de la Universidad Finis Terrae, advirtió que esta restricción no es arbitraria, sino que busca resguardar la transparencia institucional. El riesgo principal radica en que la actividad del juego puede nublar el origen de los fondos, generando dudas razonables sobre si el dinero apostado proviene de ahorros personales o de una gestión irregular de los caudales públicos que estos empleados deben proteger.
Una respuesta institucional enérgica desde las regiones
Ante la gravedad del hallazgo, la Contraloría ya comenzó a remitir los antecedentes a la Superintendencia de Casinos de Juego para que se inicien los procesos sancionatorios correspondientes. Además, la información ha sido derivada al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para investigar posibles delitos económicos o administrativos. En el plano político, el Ministerio de Defensa ya solicitó informes inmediatos a la Fuerza Aérea (FACh) y a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para aplicar medidas disciplinarias en un plazo máximo de cinco días.
Las reacciones a nivel municipal han sido igualmente contundentes:
- En Puerto Montt: El alcalde Rodrigo Wainraihgt calificó los hechos de "máxima gravedad" al detectar que 16 directivos de la comuna frecuentaban casinos. Un caso destaca por haber apostado cerca de 280 millones de pesos, monto que no tiene relación con su remuneración oficial.
- En Valdivia: La alcaldesa Carla Amtmann valoró la transparencia del informe y anunció que someterá a procesos disciplinarios a tres funcionarios implicados. Amtmann recordó que su gestión ya ha destituido a nueve personas por faltas a la probidad en el pasado.
- En Quilicura: La alcaldesa Paulina Bobadilla lamentó que estos comportamientos empañen la labor pública y solicitó la identificación inmediata de los cuatro involucrados en su zona para actuar conforme a la ley.
La investigación también dejó una nota de advertencia para las empresas operadoras de casinos. La Contraloría señaló que, aunque los datos provienen de los registros de las salas de juego, se detectaron posibles deficiencias en la información entregada por los operadores privados, lo que podría derivar en auditorías adicionales para asegurar que el control de ingreso a los recintos sea efectivo y cumpla con la ley chilena.
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