Hacienda blinda al SII con el IVA a las casas de apuestas online
El Gobierno chileno cerró filas detrás del Servicio de Impuestos Internos en medio de la polémica por la resolución que obliga a las plataformas extranjeras de apuestas online a inscribirse y declarar IVA digital en el país. El respaldo lo dio personalmente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien defendió que el organismo actuó dentro de sus facultades legales y descartó que se trate de una regularización encubierta del sector.
Quiroz remarcó que el SII es una entidad independiente, regida por su director, y que su deber natural es recaudar sobre los hechos gravados, sin pronunciarse sobre la legalidad de fondo de la actividad. La aclaración apuntó a despejar dudas sobre un eventual conflicto entre la decisión administrativa y el debate de fondo que aún se tramita en el Congreso, donde se discute el proyecto que regularía el iGaming chileno.
Al mensaje del titular de Hacienda se sumó el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien insistió en que la legalización de una actividad como las apuestas en línea solo puede definirla una ley de la República. Para el oficialismo, cobrar impuestos a las plataformas no equivale a legalizarlas, sino que reconoce un hecho económico que ya se está produciendo y que el Estado no puede seguir ignorando.
El respaldo político llega en un escenario incómodo. La oposición acusa al SII de pasar por encima del Congreso y de contradecir un fallo de la Corte Suprema de septiembre pasado que declaró ilegales las operaciones de las plataformas no autorizadas. Senadores de distintas bancadas citaron al director del organismo, Jorge Trujillo, y la Asociación Chilena de Casinos y Juegos calificó la medida como una regulación encubierta a favor de operadores que actúan al margen de la ley.
El telón de fondo es la pelea por el control del relato regulatorio. Mientras el Ejecutivo intenta separar la dimensión tributaria de la discusión legislativa, los críticos sostienen que recaudar IVA sobre una actividad considerada ilícita le entrega legitimidad de facto a los operadores extranjeros. La presión sobre la SegPres aumentó luego de que se conociera que una asesora vinculada a la asociación de plataformas de apuestas participó indirectamente en el ecosistema regulatorio entre 2023 y 2025.
Para la industria, el espaldarazo ministerial es una señal mixta. Por un lado, ratifica que el Estado chileno asume el cobro de IVA digital sobre operadores no domiciliados, una práctica ya extendida a servicios digitales internacionales. Por el otro, deja claro que el reconocimiento tributario no abre la puerta a una licencia ni reemplaza el marco legal pendiente, cuyo avance sigue siendo la única vía para una operación plenamente habilitada.
El caso chileno se observa con atención en la región. Países como Perú, Brasil y Colombia ya transitaron procesos donde la fiscalidad se adelantó o convivió con el desarrollo regulatorio del juego online, y la experiencia muestra que la separación entre carga impositiva y autorización formal no siempre se sostiene en la opinión pública. Para los mercados emergentes de LatAm, la discusión chilena vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: cómo construir un régimen que combine recaudación efectiva, protección al jugador y reglas claras para los operadores antes de que la presión política reabra la disputa.
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