La Subtel acumula diez impugnaciones por los bloqueos de apuestas
Las plataformas de apuestas bloqueadas en Chile respondieron por todos los carriles disponibles al mismo tiempo. La Subsecretaría de Telecomunicaciones acumula seis impugnaciones administrativas y tres judiciales por los cierres de dominios, más una demanda de Latamwin, según el detalle que la subsecretaria Romina Garrido expuso en la comisión de Economía de la cámara baja, que había citado a las autoridades para medir cuánto se está cumpliendo el fallo de la Corte Suprema.
El volumen de la operación da la escala del conflicto. Según informó la Superintendencia de Casinos de Juego, desde el 19 de agosto se ordenó el bloqueo de 174 sitios ilegales, instrucciones que se remitieron a la Subtel y a Wom, Entel, Claro, Movistar, VTR y GTD, los seis proveedores de internet más grandes del país.
El mapa judicial muestra tres recursos de protección en estados distintos. El de CoolBet fue rechazado y tiene una reposición pendiente, el de EpicBet quedó declarado inadmisible con una apelación en trámite, y el de Latamwin todavía no fue revisado. Esa misma compañía agregó una demanda de mera certeza con un objetivo preciso, que se declare que ni la Subtel ni la Superintendencia tienen competencia para calificar la legalidad de lo que ofrecen esas plataformas. Garrido y el superintendente Eduardo Cáceres contestaron el planteo con el mismo argumento, ninguno de los dos decide cuáles son los sitios que se bloquean.
En el plano administrativo aparecen seis presentaciones que piden dejar sin efecto los bloqueos, EstelarBet aportó dos recursos, Betano dos solicitudes, y Betsala y Jugabet una cada una. La subsecretaria describió además el clima que rodea el procedimiento, habló de un intenso lobby comunicacional, con plataformas que tratan de ilegal la actuación del organismo, y contó que los documentos que llegan a su escritorio tienen un tono bastante amenazante. Sobre la eficacia del bloqueo fue directa, continúa, pero las plataformas rápidamente mutan sus dominios a otros nuevos, con lo cual la resolución judicial queda sin cumplirse.
Cáceres llevó el problema al punto que el regulador viene repitiendo, estas plataformas no están reguladas, de modo que la Superintendencia no tiene atribuciones para sancionarlas, regularlas ni fiscalizarlas, y la salida está en sacar adelante el proyecto de ley de plataformas de juego en línea. Ese proyecto, sin embargo, acaba de recibir otra extensión. El Senado amplió hasta el lunes 26 de octubre a las 12:00 el plazo para presentar indicaciones, después de que venciera el viernes 16 sin que el Ejecutivo ingresara las suyas, y los comités fueron convocados por la Secretaría General del Senado para resolver la apertura de ese nuevo plazo. El vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, defendió la decisión desde La Moneda con dos datos de proceso, el texto está en su segundo trámite en el Senado y la discusión había estado paralizada durante meses antes de reactivarse.
La indicación sustitutiva de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, tiene ahora detalles conocidos. Apunta a hasta 15 años de cárcel efectiva para quien promueva casas de apuestas ilegales, con multas que llegan a 10.000 UTM, responsabilidad penal para las personas jurídicas involucradas y 15 años de presidio en los casos agravados. El texto también crea un procedimiento judicial para el bloqueo permanente de sitios, aplicaciones y canales usados en apuestas ilícitas, con mecanismos dinámicos que extiendan la restricción a las plataformas nuevas creadas con el único fin de eludir las prohibiciones iniciales. El objetivo que declara el texto es triple, impedir que el mercado ilegal se expanda, proteger a las familias y cerrar los espacios digitales de los que pueda servirse el crimen organizado.
Hay un vacío de competencia que la demanda de Latamwin apunta con precisión y que la propia sesión dejó a la vista. Los tribunales ordenaron el bloqueo, la Subtel ejecuta sin juzgar la licitud del contenido, la Superintendencia sostiene que no puede fiscalizar lo que no está regulado, y entonces ninguno de los organismos de la cadena se atribuye la facultad de decidir qué es ilegal. Esa es la pregunta que la empresa quiere que un tribunal responda, y mientras no haya estatuto la respuesta va a seguir construyéndose caso por caso. El segundo problema es de diseño y lo describió la propia subsecretaria, un bloqueo por dominio contra operadores que registran dominios nuevos es una carrera sin línea de llegada, y por eso los mecanismos dinámicos que propone la indicación del Senado son la parte más relevante de ese texto, incluso más que la escala de las penas. En el medio quedan los 174 sitios ya bloqueados y una lista de plataformas que impugnan los cierres mientras siguen apareciendo en soportes publicitarios dentro de Chile, algo que un informe de la organización de consumidores documentó la semana pasada en clubes de Primera División. Conviene reparar en quiénes están impugnando, porque de las seis presentaciones administrativas dos llevan la firma de marcas que operan con volumen en el resto de la región, y eso cambia la naturaleza del conflicto. No es una pelea entre el Estado y operadores marginales sino entre el Estado y compañías con estructura legal, capacidad de litigio y una estrategia regional que incluye esperar a que el régimen chileno quede definido. La contradicción que el regulador no logra despejar es que esas mismas compañías podrían ser las licenciatarias del día después, de modo que el procedimiento sancionatorio de hoy corre sobre los posibles licenciatarios de mañana, y cada resolución judicial que se dicte en el medio va a quedar como antecedente para el régimen que el Congreso todavía no escribió.
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