Los casinos chilenos atacan el proyecto online desde dos frentes
Dos voces del mismo lado del mercado chileno se pronunciaron sobre el proyecto de apuestas online en menos de veinticuatro horas, y lo hicieron desde ángulos opuestos que terminan en la misma objeción. La Asociación Chilena de Casinos de Juego apuntó a la asimetría tributaria y a las condiciones de ingreso; la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos de Juego y Hoteles apuntó al empleo que la demora legislativa no está creando.
Cecilia Valdés, presidenta de la ACCJ, abrió reconociendo que el Ejecutivo recogió algunas de las inquietudes planteadas en la discusión, en particular la de no abordar el proyecto solamente desde una perspectiva recaudatoria, y valoró que el texto incorpore la fiscalización efectiva de la actividad, la prevención del lavado de activos y la protección de menores y usuarios vulnerables. El reparo llegó después, y lo ubicó en dos planos: le preocupa que sigan en pie las diferencias entre las plataformas online y los casinos autorizados, tanto en lo tributario como en las condiciones de ingreso al mercado.
Esa segunda mitad de la frase es la que conviene leer contra el articulado, porque ahí la asimetría es verificable y no una impresión. El proyecto exige a las plataformas una licencia de cinco años con un gravamen anual de 1.000 UTM, lo que da 5.000 UTM por el período completo, y les cobra 19 por ciento de IVA calculado sobre lo que queda cada mes entre las apuestas recibidas y los premios abonados, más un impuesto adicional de tasa 3 por ciento. El subsecretario de Hacienda confirmó esta semana ante la Comisión de Economía del Senado que ese 3 por ciento no admite deducción de IVA ni de pagos provisionales mensuales, por lo que la carga efectiva es del 22 por ciento.
El punto más delicado está en el régimen transitorio. Haber trabajado en el país sin licencia deja a una empresa fuera por doce meses, salvo que se anote en el régimen transitorio: ahí la cuarentena se cae a cambio de un derecho habilitante de 3.000 UTM y de ponerse al día con el IVA Digital. Hay que declarar además el tributo correspondiente a 36 meses hacia atrás, y ese pago extingue de pleno derecho toda responsabilidad civil, penal o administrativa nacida del incumplimiento tributario.
Puesto en números, el operador que entra por la vía transitoria paga 3.000 UTM, el equivalente a tres años del gravamen anual de licencia, y con eso compra el borrado de la responsabilidad por haber operado al margen. El casino que cumplió siempre no tiene a qué acogerse, porque no tiene nada que regularizar, y enfrenta los próximos procesos de licitación sin ninguna contrapartida equivalente. La asimetría que Valdés describe en el ingreso al mercado no es un tratamiento desigual de tarifas: es que el texto crea una puerta de regularización que solo sirve a quien incumplió.
Para Valdés los casinos autorizados atraviesan una situación que calificó de "crítica" y que exige medidas urgentes para devolverles competitividad y certeza jurídica antes de las licitaciones, con el agregado de que el propio proyecto todavía puede cambiar mientras se tramita. Cerró con el peso territorial del rubro: recursos para municipios y gobiernos regionales, turismo, inversión y empleo, de modo que su deterioro golpea de lleno a las comunas donde hay sala.
El planteo sindical llegó por otra vía. Diego Valerio Ávalos, presidente de FENASICAJH, publicó el 29 de octubre una columna en BioBioChile titulada "Regulación de las apuestas en línea, la oportunidad de empleo que el Gobierno dejó pasar", donde objetó que el debate quede reducido a recaudar y fiscalizar. Su contraste fue que los casinos trabajan dentro de un marco legal estricto mientras las plataformas en línea explotan "un millonario mercado al margen de la ley", y ligó eso con los recortes de plantel en las salas presenciales, sobre todo fuera de la capital.
Su argumento central es que una exigencia de operación formal dentro del país habilitaría la creación de "miles de empleos formales", y que el Gobierno tuvo la ocasión de incorporar indicaciones con ese objetivo y no la aprovechó. Cada día de demora, planteó, permite que los sitios sigan operando sin las obligaciones de un mercado formalizado. Cerró separando la regulación de la promoción: regular a tiempo, sostuvo, no promueve el juego sino que sirve para "ordenar la casa" y convertir lo que ya existe en empleo registrado.
La convergencia es la parte interesante. El sindicato pide que la ley obligue a las plataformas a instalarse en el país con estructura local, lo que elevaría su costo operativo, y la asociación pide que la ley no las deje entrar en mejores condiciones tributarias que a los casinos. Son el mismo reclamo expresado en dos monedas distintas, y en los dos casos lo que se discute no es si el mercado online debe regularse sino en qué términos relativos a los operadores que ya pagan.
El proyecto que regula las apuestas online en Chile habilita además a una sala física a ofrecer en su recinto las apuestas de una plataforma, siempre que medie un acuerdo con una sociedad operadora de plataforma que tenga licencia y certificación vigentes. La ACCJ agrupa a los operadores de los casinos municipales y de la Ley 19.995 supervisados por la Superintendencia de Casinos de Juego, mientras FENASICAJH reúne a los sindicatos de trabajadores de casinos y hoteles del país. El texto del Ejecutivo se tramita en la Comisión de Economía del Senado.
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