Los municipios chilenos reciben 12,6% menos de sus casinos
El agregado dice una cosa y el detalle dice otra bastante más dura. Las 18 comunas chilenas donde había casinos acogidos a la Ley 19.995 ya en 2019 recibieron CLP 37.692 millones por impuesto específico ese año y CLP 32.948 millones en 2025, una baja del 12,6 por ciento según el informe de la Asociación Chilena de Casinos de Juego que publicó La Tercera. Pero ese promedio esconde una dispersión enorme: quince comunas perdieron recursos y solo tres ganaron.
Rinconada es el caso extremo y también el que explica el agregado. Pasó de CLP 4.649 millones a CLP 2.838 millones, un retroceso del 39 por ciento que en términos absolutos significa CLP 1.811 millones menos. La caída total de las 18 comunas fue de CLP 4.744 millones, de modo que una sola localidad concentra el 38 por ciento de todo el dinero perdido. Detrás se ordenan Castro con un 34,2 por ciento menos, Coyhaique con 31,7, Punta Arenas con 24,3, Talca con 24,0 y San Antonio con 23,5, seguidas por Temuco, Valdivia, Calama, Talcahuano, Osorno, Santa Cruz, Ovalle, Mostazal y Copiapó, esta última con una merma del 4,0 por ciento.
Las tres excepciones son las que amortiguan el número global. Antofagasta subió un 11 por ciento, Los Ángeles un 12,5 y Arica un 42,8, y sin ellas el retroceso del conjunto sería considerablemente mayor. La mediana de las 18 comunas se ubica en una baja del 14,9 por ciento y el promedio simple de las quince que perdieron recursos llega al 18,6 por ciento, dos indicadores que describen mejor la experiencia de la comuna típica que el 12,6 por ciento del agregado.
Hay una advertencia metodológica que el informe no resuelve y que agranda todo lo anterior. La comparación está hecha en pesos nominales entre 2019 y 2025, un período que incluye el salto inflacionario chileno de 2021 a 2023, de modo que la erosión en términos reales de lo que efectivamente pueden comprar esos municipios es bastante más profunda que la que muestran los porcentajes. Y como el impuesto específico se reparte en partes iguales, la mitad para la municipalidad y la mitad para el gobierno regional, cada peso que dejó de recibir una comuna tuvo su espejo en el presupuesto regional.
Conviene recordar cómo se arma ese tributo, porque explica por qué sigue la suerte del negocio. Los casinos pagan un impuesto específico del 20 por ciento sobre el ingreso bruto del juego, previo descuento del IVA y del Pago Provisional Mensual, y la ley obliga a volcar esos recursos en obras de desarrollo. El reporte excluye a Viña del Mar, Coquimbo y Pucón, que en 2019 eran casinos municipales y no tributaban bajo ese régimen, lo que deja fuera de la comparación a tres de las plazas más visitadas del país.
La presidenta de la ACCJ, Cecilia Valdés, usó esos números para desplazar el eje del debate desde la rentabilidad privada hacia el financiamiento local. "Cuando un casino se debilita, pierden también el municipio y el gobierno regional", sostuvo, y sobre el juego online fue más cauta de lo que podría haber sido: dijo que la competencia contra una industria ilegal se da en una cancha dispareja, pero admitió que "es difícil dimensionar el efecto real, ya que, al operar al margen de la ley, no transparentan datos reales del mercado nacional". Es una limitación que la propia asociación reconoce y que impide atribuir la caída a una sola causa, junto a la pandemia que también está en el período medido.
El tramo final de su planteo es el que conecta con lo que ya está en marcha. Valdés afirmó que hay pérdidas en la mitad de las empresas del rubro y que, sin condiciones de competencia equivalentes, cuesta esperar que las licitaciones ya abiertas y las que vengan terminen bien. La advertencia tiene destinatario concreto: Coyhaique, la tercera comuna más golpeada con un 31,7 por ciento menos, es una de las plazas cuyo permiso está en proceso de relicitación con la audiencia de ofertas fijada para abril de 2027. Un municipio que recibe un tercio menos que en 2019 es también un activo menos atractivo para quien tenga que presentar una oferta.
La Asociación Chilena de Casinos de Juego agrupa a los operadores de casinos de juego que funcionan bajo el régimen de la Ley 19.995, la norma que en 2005 abrió la concesión de permisos de operación mediante licitaciones administradas por la Superintendencia de Casinos de Juego. El impuesto específico que establece esa ley es la principal vía por la cual la actividad transfiere recursos a los gobiernos locales y regionales de las zonas donde se ubican las salas.
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