Un diputado chileno propone bloquear los pagos y no los sitios
Un diputado chileno propuso dejar de bloquear los sitios de apuestas online y empezar a bloquear los pagos. Alejandro Riquelme lo planteó durante una sesión de la Comisión de Economía, después de calificar de "completamente inoficioso" el bloqueo de dominios que viene aplicando la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Su razón para descartar el método actual es técnica y la resumió así: "Bloqueo una, replican nuevamente; bloqueo otra, vuelven a replicar". El argumento apunta a los sitios espejo, porque reproducir una página bajo otra extensión de dominio es barato y rápido, de modo que la medida alcanza a la dirección pero no al operador que está detrás.
La alternativa que propuso corre el foco del acceso al cobro. Para él el blanco son las transferencias y las transacciones internacionales con tarjeta de crédito que llegan a esas empresas: "Lo que hay que bloquear es el pago". En términos operativos pidió que la Superintendencia de Casinos de Juego se coordine con bancos e instituciones financieras para impedir transacciones con empresas que hoy prestan un servicio online ilegal en el país.
El propio diputado admitió el límite de su propuesta sin que se lo pidieran, y vale registrarlo porque es la objeción obvia. Reconoció que después podrían buscar otros mecanismos, pero planteó que al menos por esa vía se les corta un insumo fundamental. La diferencia con el bloqueo de dominios es de costo para el infractor: cambiar de dominio cuesta poco, mientras construir un canal de cobro nuevo exige intermediarios financieros dispuestos a tomar el riesgo.
La segunda parte de su intervención fue de encuadre jurídico y es tan relevante como la primera. Riquelme remarcó que las apuestas online no son una actividad a la que le falta regulación sino una actividad ilegal, y apoyó esa afirmación en el fallo de la Corte Suprema que en septiembre de 2025 ordenó bloquear sitios que operaban sin autorización, con el criterio de que el juego de azar es ilícito salvo donde una ley lo autorice de forma expresa.
De ahí derivó la consecuencia institucional. Sostuvo que Chile es un Estado de Derecho y que ese fallo manda mientras el Congreso no dicte una norma que permita o regule la actividad, y cerró señalando que la discusión sobre una eventual regularización debe darse en el Congreso sin confundirse con la situación jurídica vigente. Mientras no se apruebe una norma, insistió, sigue siendo una actividad ilegal.
Esa distinción ordena un debate que suele mezclarse, porque en Chile las dos cosas avanzan al mismo tiempo. El Ejecutivo presentó hace una semana al Senado un proyecto que crea licencias de cinco años para plataformas online con un gravamen anual de 1.000 UTM, IVA del 19 por ciento sobre el margen y un impuesto adicional del 3 por ciento, además de la prohibición total de la publicidad. Hasta que ese texto u otro se apruebe, el marco aplicable sigue siendo el que fijó la Corte.
La propuesta de Riquelme tiene además un parecido que conviene señalar con lo que se discute en la región. En la provincia de Buenos Aires se presentó la semana pasada un proyecto que ubica el control en las billeteras virtuales, exigiendo una capacitación previa al usuario antes de transferir fondos a una plataforma de apuestas. Son dos diseños distintos sobre la misma intuición: el punto de apalancamiento más eficaz contra un operador que no está en el territorio es el riel de pago, no el dominio.
La Superintendencia de Casinos de Juego es el organismo que regula y fiscaliza los casinos autorizados en Chile bajo la Ley 19.995, sin competencia hoy sobre plataformas de apuestas online, que no cuentan con un régimen de licencias. La Subsecretaría de Telecomunicaciones es el organismo que instruye a los proveedores de internet para ejecutar los bloqueos de sitios dispuestos por la justicia.
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