Corte Constitucional suspende IVA del 19% al GGR juego online en
En una decisión histórica, el alto tribunal frenó la aplicación del Decreto 1390 y sus derivados, que buscaban recaudar COP 12 billones extra para el presupuesto de 2026. La medida congela el cobro del Impuesto al Valor Agregado a los operadores de iGaming, generando un respiro tributario en medio del caos jurídico.
La Corte Constitucional de Colombia ha marcado un hito jurídico que impacta directamente en la rentabilidad del sector de juegos de suerte y azar. Con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, la Sala Plena suspendió provisionalmente el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro había declarado el Estado de Emergencia Económica y Social. Esta maniobra del ejecutivo buscaba legislar por decreto para cubrir el déficit del Presupuesto General de la Nación de 2026, el cual había sido rechazado previamente por el Congreso.
La caída de la declaratoria de emergencia arrastra consigo todos los decretos legislativos que se desprendían de ella. Entre ellos, el más crítico para la industria era el Decreto 1474 de 2025, que imponía un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% sobre los Ingresos Brutos (GGR) de los operadores de apuestas online, tanto nacionales como extranjeros. Con esta suspensión, dicha carga tributaria queda inaplicable hasta que la Corte emita un fallo definitivo de fondo, lo cual representa un alivio inmediato para las finanzas de las empresas autorizadas por Coljuegos.
El fin del Decreto 1474: Alivio tributario para los operadores de iGaming y el debate sobre el IVA al GGR
La medida ha generado reacciones mixtas en el sector. Si bien gremios como Fecoljuegos, presidido por Evert Montero, han abogado históricamente por modernizar el régimen fiscal y trasladar el IVA del "stake" (apuesta) al GGR para hacerlo más técnico, la forma en que el gobierno intentó imponerlo generó alarmas. La implementación vía decreto de emergencia, sumada a las actuales tasas de derechos de explotación, amenazaba con elevar la carga fiscal total a niveles insostenibles sin un debate técnico en el legislativo.
El abogado Juan Camilo Carrasco, socio gerente de Sora Lawyers y referente legal de la industria en el país, resumió el clima del sector en sus redes sociales al calificar la decisión judicial como una fuente de "alivio e incertidumbre". Alivio porque se detiene un cobro inmediato que alteraba los modelos de negocio proyectados para 2026, pero incertidumbre porque la discusión tributaria sigue abierta y el gobierno buscará otras vías para captar recursos. Cabe destacar que los dineros que pudieron haber sido recaudados durante los días de vigencia de la norma no serán devueltos automáticamente, sino que su destino dependerá del fallo final de exequibilidad.
Choque de poderes: Petro califica el fallo como una defensa de los "megarricos" ante el déficit presupuestal
La decisión de la Corte es inédita, ya que es la primera vez que el tribunal utiliza su facultad para suspender efectos de un decreto presidencial antes de un fallo final, argumentando un riesgo inminente al orden institucional al evadir el control del Congreso. El gobierno buscaba recaudar cerca de COP 12 billones (aprox. USD 3.200 millones) con estas medidas para cerrar la brecha fiscal de COP 16 billones que enfrenta el país.
La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta en X, el mandatario acusó a la Corte y al Congreso de bloquear una reforma necesaria para sanear las finanzas públicas. Según Petro, la suspensión protege a los "megarricos", a quienes señalaba como los únicos objetivos de los nuevos impuestos al patrimonio y a las actividades económicas digitales. Este enfrentamiento institucional augura un 2026 complejo en materia regulatoria, donde la industria del juego quedará en medio del fuego cruzado entre la necesidad de recaudo del Ejecutivo y los controles de legalidad del Poder Judicial.
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