Fecoljuegos prepara una contrapropuesta tributaria todavía sin cifras

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Lo que el gremio colombiano anunció esta semana es una intención de negociación antes que una alternativa técnica. Fecoljuegos trabaja en una contrapropuesta tributaria para responderle al proyecto de Ley de Rescate Económico, pero la iniciativa está en etapa de revisión interna y la federación no definió públicamente tarifas ni porcentajes. Sin números, lo que hay sobre la mesa es un pedido de discusión técnica, no un esquema fiscal que el Congreso pueda contrastar con el del Ejecutivo.

El planteo central sí está formulado con claridad: una misma estructura tributaria no debería caer por igual sobre los establecimientos localizados y sobre las plataformas digitales. Para la federación, el modelo de operación y la estructura de costos de cada segmento son sustancialmente distintos, y las nuevas cargas deberían hacerse cargo de esa diferencia.

Aquí conviene una precisión sobre qué diferencia pide realmente la federación, porque el proyecto del Gobierno ya distingue entre modalidades. El artículo 41 propone la tarifa general del IVA del 19 por ciento para los juegos de suerte y azar, pero con bases gravables distintas según el formato: para bingos, mesas de juego y tragamonedas se fijarían bases mensuales en Unidades de Valor Tributario, y en apuestas por internet el cálculo recaería sobre los depósitos de los usuarios. Las loterías tradicionales quedarían exceptuadas. El texto, entonces, ya diferencia la forma de calcular. Lo que Fecoljuegos reclama es que diferencie la carga.

La distinción importa porque la base que el proyecto plantea para el canal online es la que produce el salto. Calcular el 19 por ciento sobre los depósitos divididos entre 1,19 equivale a retener cerca del 15,97 por ciento de todo el dinero que ingresa a las cuentas de juego, sin considerar cuánto se devuelve al jugador. Un gravamen sobre depósitos y un gravamen sobre el ingreso bruto no son comparables, y ese es el terreno donde una contrapropuesta con cifras tendría más que decir.

Evert Montero, presidente de la federación, enmarcó el pedido en términos de voluntad de contribuir. Dijo que el rubro entiende que hay que aportar a la estabilidad de las cuentas públicas y que sigue dispuesto a sentarse a discutir, pero reclamó que se escuchen los argumentos del sector y que se abra una discusión técnica sobre qué efecto tendrían las nuevas obligaciones.

El gremio apoyó ese reclamo en el historial reciente. Planteó que el rubro vino absorbiendo un cambio tributario tras otro y que los gravámenes de la administración anterior llegaron sin una justificación técnica suficiente sobre lo que harían con la viabilidad del sector. Es un argumento con base verificable: el IVA al juego online se aplicó por decreto en febrero de 2025 bajo el marco de la conmoción interior, y el esquema del Decreto 1474 de 2025 terminó declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

Las advertencias del gremio apuntan a tres efectos. Una suba desmedida de la carga impositiva pondría en riesgo el empleo registrado, la inversión y la viabilidad de las empresas habilitadas; los operadores legales dependen para seguir en pie de los recursos que giran al sistema de salud; y al objetivo de recaudación habría que sumarle medidas contra el mercado clandestino. El pedido lo resumieron en una fórmula: "una tributación justa, sustentada y proporcional" que deje margen para el esfuerzo fiscal sin dejar empresas en el camino.

El recorrido institucional previsto pasa por las comisiones económicas del Congreso y por el Ministerio de Hacienda, donde la federación llevará los fundamentos. Ese destino define también el calendario real de la discusión, porque es en esas comisiones donde el proyecto anterior murió en diciembre de 2025 por nueve votos contra cuatro, y donde este tendrá que pasar. Si la contrapropuesta llega sin números a esa instancia, su efecto se limitará a pedir tiempo.

Fecoljuegos es la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar y agrupa a operadores de casinos, máquinas, bingos y plataformas online del país. La operación del juego en Colombia es concesionada y supervisada por Coljuegos, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, y los recursos que la actividad genera tienen destinación específica al sistema de salud. El proyecto de Ley de Rescate Económico fue radicado el 29 de octubre y debe ser debatido por el Congreso, que puede modificar, eliminar o rechazar los artículos referidos al juego.

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