ADOBAD exige al Gobierno dominicano reforma profunda en juego
La Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD) ha levantado la voz para exigir que la reciente reactivación del Plan Nacional de Regularización de los Juegos de Azar sea la herramienta definitiva para poner orden en un mercado que califican de caótico. Esta demanda surge tras la entrada en vigor del Decreto 197-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo busca retomar la formalización de las bancas, agencias y diversos operadores de apuestas en la República Dominicana. Para la entidad gremial, no se trata solo de un trámite administrativo, sino de una oportunidad crítica para establecer un esquema de reglas claras que devuelva la transparencia y la racionalidad a la industria.
Desde ADOBAD recuerdan que este proceso de regularización no es nuevo, ya que tuvo un primer intento fallido en el año 2022. En aquel entonces, cientos de empresarios del sector realizaron inversiones significativas y abonaron sumas millonarias al Estado con el firme objetivo de legalizar sus operaciones. Sin embargo, el proceso quedó interrumpido abruptamente, dejando a numerosos operadores en un limbo jurídico, sin licencias definitivas y con sus aportes financieros ya ejecutados por la administración pública. La propia gestión estatal ha reconocido que los resultados de aquel primer esfuerzo estuvieron lejos de cumplir las expectativas generadas.
Las distorsiones regulatorias y la amenaza del juego ilegal sin control
Uno de los puntos más críticos señalados por la asociación es la falta de fiscalización efectiva sobre nuevos formatos de juego que han proliferado en los últimos meses. ADOBAD ha denunciado específicamente la expansión desmedida de las llamadas agencias hípicas, alegando que estos establecimientos están comercializando una variedad de juegos de azar que exceden los límites autorizados por la legislación vigente. Esta situación, según el gremio, genera una competencia desleal que perjudica gravemente a los operadores tradicionales que sí cumplen con las normativas de distanciamiento y tributación.
A este escenario se suma la controversia generada por la Resolución 136-2024 del Ministerio de Hacienda. Dicha normativa permite a los operadores con licencia online instalar puntos físicos para realizar determinadas transacciones, lo que para ADOBAD representa una distorsión de la ley que contribuye al desorden estructural. La asociación sostiene que permitir este modelo híbrido sin una regulación robusta solo fragmenta más el mercado y dificulta la labor de control, permitiendo que actores con ventajas operativas canibalicen a los sectores que tradicionalmente han sostenido la red de empleo presencial en el país.
Hacia un marco legal que garantice seguridad jurídica y sostenibilidad
La preocupación del sector también se extiende a un proyecto legislativo impulsado recientemente por el Ejecutivo. Según el análisis de ADOBAD, esta iniciativa parlamentaria no ataca los problemas de fondo que afectan al mercado y, por el contrario, podría generar una mayor incertidumbre jurídica para quienes ya han iniciado su proceso de regularización. La entidad insiste en que cualquier reforma debe centrarse en la trazabilidad de las apuestas y en garantizar que todos los actores, ya sean físicos o digitales, operen bajo condiciones de equidad tributaria y operativa.
"Muchos empresarios realizaron pagos millonarios confiando en la palabra del Estado y todavía hoy no han recibido una respuesta definitiva sobre sus licencias. Es fundamental que este nuevo decreto no repita los errores del pasado y ofrezca garantías reales"
Con este reclamo, la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas busca posicionarse como un interlocutor clave en la redacción de las nuevas directrices. Para los líderes de la industria, la sostenibilidad del sector depende de la capacidad del Gobierno para erradicar la clandestinidad y unificar los criterios de inspección. La regularización debe ser entendida como un pacto de transparencia que proteja tanto al inversor honesto como al apostador dominicano, consolidando a la República Dominicana como un mercado de entretenimiento seguro y profesionalizado.
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