La Comisión Hípica dominicana responde a las bancas deportivas
La Comisión Hípica Nacional de República Dominicana salió al cruce de los cuestionamientos realizados por las asociaciones de bancas deportivas contra el proceso de regulación de los juegos de azar en el país y aseguró que sus actuaciones se encuentran respaldadas por el marco legal vigente. Además, la entidad denunció que algunos operadores del sector deportivo ofrecen juegos hípicos virtuales sin contar con la licencia correspondiente. La respuesta llega después de que la Asociación Nacional de Bancas Deportivas y la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas cuestionaran el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados y advirtieran sobre una supuesta expansión descontrolada de agencias hípicas.
A través de su presidente, Francisco Pavonessa Grullón, la comisión rechazó esas acusaciones y sostuvo que las cifras difundidas por las asociaciones deportivas no reflejan la realidad del mercado. Según explicó, el organismo otorgó históricamente 29.100 licencias para la operación de juegos hípicos virtuales sobre un total de 60.000 solicitudes recibidas, datos que, según la entidad, contradicen las estimaciones del sector de bancas deportivas, que había advertido sobre la existencia de 70.000 o incluso 150.000 agencias hípicas en funcionamiento.
Uno de los principales puntos de conflicto se relaciona con la oferta de juegos virtuales. Mientras las bancas deportivas cuestionan que las agencias hípicas puedan operar distintas modalidades de apuestas, la comisión afirmó que algunos establecimientos deportivos también comercializan productos hípicos sin la habilitación del regulador. Según la entidad, varias bancas que obtuvieron autorización para operar simulcasting y otros productos cuentan con permisos válidos, pero existen operadores que venden juegos hípicos virtuales sin licencia, lo que representaría una ventaja competitiva frente a quienes cumplen los procesos de autorización y fiscalización, y una vulneración del marco regulatorio del sector.
Ante los cuestionamientos sobre sus atribuciones, la comisión afirmó que su competencia sobre las carreras de caballos, galgos y otras modalidades vinculadas a competencias animales, en formatos reales, virtuales o simulados, está establecida en la ley de 1944, en reglamentos hípicos posteriores, en contratos tecnológicos vigentes desde 2014 y en un decreto de 2019, y consideró que desconocer esas facultades afectaría la seguridad jurídica del sector. En materia fiscal, destacó que las apuestas hípicas virtuales cuentan con un sistema de recaudación basado en las ventas brutas reales monitoreadas en tiempo real, que a su juicio permite mayor transparencia frente a modelos de tasas fijas, y defendió que la regulación busca incorporar operadores al sistema formal, reducir la actividad clandestina y mejorar la fiscalización. La discusión se desarrolla mientras el Congreso avanza con el proyecto que crea la Dirección General de Juegos de Azar, una iniciativa que la comisión respaldó al considerar que fortalecerá la fiscalización y las herramientas de control del sector.
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