Lotería Nacional Dominicana: administrador denuncia fallas
El proceso de regularización de los juegos de azar en República Dominicana se sitúa nuevamente en el centro del debate tras las recientes declaraciones del administrador de la Lotería Nacional, Teófilo «Quico» Tabar. El funcionario atribuyó la lentitud del proceso a una combinación de fallas estructurales, vacíos regulatorios y obstáculos de carácter administrativo que han mermado la capacidad del Estado para fiscalizar y recaudar de manera efectiva. Estas puntualizaciones coinciden con la reactivación del Plan Nacional de Regularización bajo el Decreto 197-26, una iniciativa que busca corregir las distorsiones acumuladas durante años en una industria marcada por la informalidad y el crecimiento desordenado.
Tabar señaló que uno de los problemas raíces reside en la fragmentación de las funciones de control que comenzó en el año 2006. En ese periodo, las competencias para otorgar licencias, fiscalizar y recaudar se distribuyeron entre diversas instituciones como el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que a su juicio debilitó la supervisión integral del mercado. A esto se suma el incumplimiento práctico de la Ley 139-11, que prohibía la apertura de nuevas bancas pero que fue eludida mediante la creación de establecimientos bajo figuras alternativas como «puntos de venta» o «agencias», fomentando una proliferación irregular de operadores.
Inconsistencias tributarias y el obstáculo de la interconexión técnica
Otro de los puntos críticos resaltados por el titular de la Lotería Nacional es la aplicación deficiente del régimen impositivo. Tabar recordó que desde 2011 existe una normativa que permitía el cobro de una cuota fija mensual mientras se implementaba la tecnología necesaria para la interconexión de las bancas. Sin embargo, esta alternativa no se aplicó de forma correcta, lo que provocó que muchos negocios operaran sin pagar el monto provisional ni los impuestos correspondientes, derivando en pérdidas millonarias para el fisco y permitiendo que muchos actores permanecieran fuera del sistema formal.
El funcionario fue enfático al cuestionar que se haya exigido la interconexión tecnológica como una condición previa e indispensable para comenzar a tributar. Tabar calificó este requisito como un «escollo» administrativo que terminó por paralizar los avances, a pesar de que en su momento se propusieron soluciones técnicas para superar dicha barrera. Esta falta de agilidad administrativa ha sido, en su opinión, uno de los mayores frenos para la transparencia del sector.
El Decreto 197-26 como una oportunidad para el ordenamiento definitivo
Al evaluar el balance del censo iniciado en 2022, el diagnóstico muestra que se identificaron más de 90 mil bancas entre legales, ilegales y registradas. No obstante, tras este relevamiento, el proceso quedó estancado al no concretarse la incorporación de estos operadores al sistema tributario, incluso después de transferir los datos a las autoridades económicas. Ante este escenario, Tabar considera que el nuevo decreto es la oportunidad idónea para destrabar el sistema y abandonar las metodologías que han fallado sistemáticamente en el pasado.
El llamado de «Quico» Tabar es claro: se deben eliminar las trabas burocráticas que solo benefician la evasión y prolongan la informalidad. El funcionario instó a duplicar los esfuerzos institucionales para asegurar que todos los operadores comiencen a cumplir con sus obligaciones fiscales. Finalmente, advirtió que su propia continuidad en el proceso estará condicionada a la obtención de resultados tangibles que demuestren un avance real en la depuración y formalización de esta industria clave para la economía dominicana.
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