República Dominicana retoma el proyecto para regular el juego
El eje del proyecto de ley que volverá a discutirse en el Senado dominicano es un freno de diez años a la entrega de nuevas licencias para bancas de lotería, un candado pensado para cortar la proliferación de estos establecimientos una vez que se publique el registro oficial de licenciatarios. La única puerta que queda abierta durante ese período es la de los casinos que formen parte de nuevos proyectos hoteleros. La iniciativa también da forma a la Dirección General de Juegos de Azar, un organismo autónomo que concentrará la regulación, la supervisión, la fiscalización y la aplicación de sanciones en el sector.
El regreso del tema al recinto tiene un trámite pendiente. La Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, encabezada por el senador Pedro Catrain, empezará la próxima semana a revisar los cambios que introdujo la Cámara de Diputados sobre un texto de origen en el Poder Ejecutivo que había quedado sin resolución en la legislatura anterior. El 24 de julio el Senado estuvo a punto de aprobarlo en única discusión, pero frenó el proceso justamente por esas modificaciones, y el presidente de la cámara, Ricardo de los Santos, adelantó entonces que se retomaría en la legislatura actual.
La reforma plantea un régimen de licencias de diez años de vigencia y ordena la actividad tanto en el plano físico como en el digital. Para los locales presenciales fija distancias mínimas de instalación, con bancas que no podrán ubicarse a menos de 200 metros de ciertos establecimientos y otros locales que deberán respetar hasta 500 metros respecto de escuelas, hospitales, iglesias y demás instituciones. En el terreno online establece un impuesto del 10 por ciento sobre las ventas brutas por internet, habilita el bloqueo de dominios y direcciones IP de plataformas sin autorización, crea un sistema único de registro para centralizar la información de las apuestas y reforzar la prevención del lavado de activos, y regula las tragamonedas con un retorno mínimo del 85 por ciento y un tope de quince máquinas por banca de apuestas deportivas.
El otro gran capítulo apunta al juego que opera fuera del marco legal, con penas de uno a dos años de prisión para quienes funcionen sin licencia o fuera de los lugares habilitados y condenas que pueden llegar a diez años en los casos más graves, como el uso de testaferros o la ocultación de ganancias. A eso se suma un esquema de infracciones administrativas graduadas y disposiciones específicas contra el fraude y la manipulación de apuestas y resultados. El reloj, sin embargo, corre en contra: si la iniciativa no queda aprobada antes de enero de 2027, volverá a caducar.
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