CeJuego exige cese de ministro de Consumo y director DGOJ por datos
El Consejo Empresarial del Sector del Juego Privado en España (CeJuego) pidió la destitución del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y del director general de Ordenación del Juego (DGOJ), Mikel Arana. La patronal acusa a ambos de utilizar información pública de forma “sesgada” para perjudicar la imagen de los operadores privados.
La denuncia se produjo tras la publicación, el 25 de noviembre, de una nota de prensa del ministerio que detallaba las sanciones impuestas a operadores legales e ilegales durante 2025. Según CeJuego, el comunicado omitió de manera injustificada cuatro sanciones aplicadas en diciembre de 2024 a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) por permitir que personas inscritas en el registro de autoprohibidos participaran en sus juegos. Estas multas ascendieron a 126.000 euros, cifra incluida en el total presentado por la DGOJ pero sin mencionar al operador público.
Para CeJuego, esta omisión evidencia que SELAE opera con “menor nivel de control” al estar sometida a requisitos más laxos que los del sector privado. Su director general, Alejandro Landaluce, criticó que este tipo de actuaciones “distorsionan la realidad y erosionan la imagen de un sector legalmente establecido”, acusando al ministerio de emplear información parcial para “desprestigiar al operador privado”.
La asociación denunció además que el Gobierno actúa como “juez y parte”, ya que regula y supervisa a empresas que compiten directamente con SELAE. Esto, afirman, constituye un conflicto de intereses que impide condiciones equitativas en el mercado. Por ello, CeJuego presentará un escrito ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para solicitar su intervención.
Asimismo, cuestionaron el titular de la nota oficial: “Consumo sanciona a 26 operadores de juego con más de 3 millones de euros por infracciones graves: Betfair, 888 y Codere, entre los multados”. Según CeJuego, el mensaje induce a pensar que los operadores autorizados recibieron sanciones millonarias, cuando en realidad las multas a empresas con licencia oscilaron entre 17.500 y 125.000 euros. Del total anunciado de 33 millones de euros, 30 millones corresponden a sanciones a operadores sin licencia, es decir, ilegales.
Para el organismo empresarial, esta situación forma parte de un “trato persecutorio” que el Ministerio de Consumo habría mantenido durante años hacia un sector que “siempre ha buscado el diálogo”.
“Ante el uso indebido y tendencioso de datos públicos y un comportamiento reiterado que daña la imagen del juego privado legal en España, CeJuego solicita el cese del ministro de Consumo y del director general de Ordenación del Juego”, concluyeron.
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