España inicia las reuniones para reformar la Ley del Juego
La Dirección General de Ordenación del Juego de España dio inicio a la ronda de reuniones con las entidades que participaron en la consulta pública previa para la reforma de la Ley 13/2011 de regulación del juego. El proceso tiene como objetivo analizar las más de 50 aportaciones recibidas antes de elaborar el nuevo texto normativo.
El calendario de encuentros comenzó el martes 21 de julio con una reunión entre el regulador y Jdigital, la asociación española del juego digital. En los próximos días continuarán las conversaciones con representantes del juego presencial y con otras organizaciones del sector, entre ellas LaLiga, en un proceso de diálogo que se extenderá durante septiembre. La consulta pública, abierta en mayo por el organismo, recogió propuestas de ciudadanos, organizaciones y actores de la industria sobre los principales desafíos que debería abordar la futura reforma.
Según explicó la dirección general, uno de los ejes centrales del proyecto será fortalecer los mecanismos de verificación de identidad y de los medios de pago, con el fin de prevenir la suplantación de identidad y el acceso de menores de edad a las plataformas de juego. La iniciativa contempla además reforzar las medidas contra el juego ilegal, revisar la regulación de la participación de celebridades e influencers en la publicidad del sector y desarrollar nuevas herramientas para ampliar la protección de las personas jugadoras.
La autoridad reguladora señaló que esta ronda de reuniones busca conocer de primera mano las distintas propuestas presentadas durante la consulta pública y mantener un diálogo abierto con los actores implicados antes de la redacción del anteproyecto de ley. Destacó también que el propósito es construir un marco regulatorio equilibrado, adaptado a la realidad actual del sector y orientado a reforzar la protección de las personas jugadoras y la eficacia de la regulación del juego online.
Una vez concluida la etapa de diálogo y analizadas las aportaciones recibidas, el organismo elaborará el texto articulado del anteproyecto, que después será sometido a un nuevo proceso de información y audiencia pública para que tanto los sectores involucrados como la ciudadanía puedan presentar observaciones antes de que continúe su tramitación legislativa.
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