Georgia endurece juego: 1.5M+ personas excluidas del sistema
Georgia cerró 2025 con una de las políticas de restricción al juego más severas a nivel global. Tras completar una revisión nacional del registro de exclusión, el Servicio de Ingresos del país confirmó que 1.577.247 ciudadanos tienen actualmente prohibido participar en actividades de juego. La cifra equivale a cerca del 40 por ciento de la población total, estimada en 3,7 millones de habitantes, y cumple el objetivo fijado por el ex primer ministro Irakli Garibashvili antes de dejar el cargo.
El alcance de la medida pone en perspectiva el carácter estructural de la reforma. Solo unas 36.000 personas solicitaron la autoexclusión de forma voluntaria por preocupaciones vinculadas al juego problemático, mientras que apenas 62 casos fueron incorporados mediante órdenes judiciales. La gran mayoría de las exclusiones se produjo de manera automática o administrativa, a través de plataformas digitales del Estado, como el portal del Servicio de Ingresos y su sistema de verificación por videollamada.
Entre los grupos incluidos de forma automática en el registro se encuentran empleados del sector público y ciudadanos con antecedentes penales. Desde 2025, la legislación asignó al Servicio de Ingresos la responsabilidad directa de supervisar a los operadores de juego y de administrar la base nacional de personas excluidas, consolidando un modelo altamente centralizado de control.
Este endurecimiento regulatorio es la continuidad de una serie de reformas iniciadas en 2024, cuando Georgia elevó la edad mínima para jugar de 18 a 25 años. A ello se sumaron, ya bajo el mandato del actual primer ministro Irakli Kobakhidze, nuevas exigencias operativas para los operadores, como la implementación obligatoria de sistemas de identificación biométrica en los locales de juego y la introducción de un esquema fiscal más estricto.
En el plano tributario, los operadores con licencia deben abonar un impuesto del 15 por ciento sobre el ingreso bruto del juego, mientras que los ciudadanos georgianos están sujetos a un impuesto adicional del 5 por ciento sobre los retiros. Los jugadores extranjeros, en cambio, quedan exentos de estos cargos, en línea con la posición oficial del gobierno, que considera al juego como una actividad orientada principalmente al turismo y no al consumo interno.
Con este marco, Georgia refuerza una estrategia que prioriza la protección social y la estabilidad financiera de su población, aun a costa de restringir de manera significativa el acceso al juego legal. El resultado es un mercado altamente regulado, con fuertes barreras de entrada para los residentes locales y un enfoque que sigue generando debate dentro y fuera del país sobre el equilibrio entre control estatal, recaudación y libertades individuales.
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