Congreso pide un registro abierto de todas las licencias de apuestas
El Congreso de la Unión de México recibió una propuesta legislativa que reabre el debate sobre la transparencia regulatoria del juego en el país. El diputado federal Rubén Ignacio Moreira Valdez, del PRI, presentó ante la Comisión Permanente un proyecto de resolución que solicita a la Secretaría de Gobernación (Segob) publicar en formato de datos abiertos todos los permisos vigentes para casinos y plataformas de apuestas deportivas online autorizadas en territorio mexicano.
La iniciativa ingresó el 13 de mayo de 2026 y plantea que la información se difunda de manera estructurada y descargable, con detalle de cada concesionario, dirección operativa y plazo de vigencia. Los permisos abarcados son los llamados Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos (CARSS), figuras legales conocidas popularmente como casinos.
Una herramienta contra el lavado de activos
Moreira encuadró la propuesta dentro de la agenda nacional contra el lavado de dinero en el sector de apuestas y loterías. Argumenta que un registro público y abierto facilitaría el trabajo de los organismos de supervisión financiera, permitiría cruces con padrones tributarios y daría a la ciudadanía la posibilidad de identificar de manera inmediata si una sala o plataforma cuenta con autorización oficial.
El planteo apunta a un problema concreto del mercado mexicano: la opacidad histórica del listado de permisionarios y la convivencia de actores formales con operadores irregulares. La ausencia de un registro accesible al público facilitó, según legisladores y especialistas, la operación de sitios offshore que ofrecen apuestas sin licencia y dificulta la persecución administrativa.
El telón de fondo: reforma pendiente del marco regulatorio
La propuesta de Moreira llega en un contexto particular para México, un mercado que opera bajo una Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 y un reglamento parchado por sucesivos decretos. La actualización del marco regulatorio aparece de manera recurrente en la agenda parlamentaria, sin que ningún proyecto haya logrado consenso suficiente para avanzar. La exigencia de un registro abierto se presenta como un paso intermedio: no requiere reforma de fondo y puede instrumentarse por la vía administrativa.
El movimiento mexicano se inscribe en una tendencia regional que cruza a la mayoría de los mercados latinoamericanos: la presión por transparencia regulatoria, padrones públicos de operadores y datos abiertos sobre licencias. Colombia mantiene un padrón visible de operadores online, Brasil acaba de publicar su lista de empresas autorizadas y Argentina avanza con padrones provinciales. La iniciativa de Moreira llevaría a México a una práctica que ya es estándar en otros mercados regulados de la región.
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