La AIEJA ubica más del 60% de las apuestas digitales fuera de la ley
Más de seis de cada diez apuestas digitales que se hacen en México salen del país antes de llegar a una plataforma. El cálculo es de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas, que encabeza Miguel Ángel Ochoa Sánchez, y que sobre esa base pide reglas propias para el canal online, capaces de reforzar la protección del usuario, instalar controles tecnológicos y achicar la brecha entre lo autorizado y lo que opera sin regulación local.
La estructura legal que queda del otro lado de ese 60 por ciento está bien dimensionada. El juego aporta algo cercano al 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto mexicano y sostiene unos 200 mil empleos entre directos e indirectos, con 423 casinos presenciales operando bajo 38 empresas permisionarias y alrededor de 80 plataformas con licencia para el canal en línea. La asociación sostiene que la expansión del mercado no regulado le quita visibilidad al desempeño de las empresas que sí pagan impuestos y cumplen la ley.
El pedido concreto es que la tecnología funcione como barrera. Para la AIEJA el marco legislativo vigente da una base estructural, pero no alcanza sin reglas específicas para el entorno digital, y entre las medidas que insta a estandarizar aparece la verificación avanzada de edad apoyada en biometría y en autenticación de identidad, los algoritmos que detecten en tiempo real un patrón de juego fuera de lo normal y los módulos con los que el propio usuario fija cuánto tiempo juega, cuánto gasta como máximo y si decide autoexcluirse.
El planteo se extiende más allá de la plataforma. La asociación reclama que el compromiso sea compartido entre el operador, el usuario y el Estado, con la intención de ubicar la actividad como una alternativa de entretenimiento con límites claros, y difunde pautas de educación financiera y de higiene en el juego, armar un presupuesto cerrado, no tocar la plata de las necesidades básicas, no apostar con un préstamo ni con una tarjeta y no salir a recuperar lo perdido con una apuesta nueva. A eso suma la capacitación del personal de las empresas para orientar a tiempo y derivar a un especialista en salud mental en cuanto aparezca una señal de vulnerabilidad.
Para que todo eso funcione, la entidad pide que el esfuerzo no quede en manos de dos actores. Según la AIEJA hace falta coordinación entre las autoridades reguladoras y los operadores, pero también con la escuela, con las organizaciones civiles y con quienes trabajan en salud.
El 60 por ciento es una estimación de la propia industria y ahí está el problema de fondo, porque no existe una medición oficial pública contra la cual verificarla. La Segob no publica datos del mercado online, de modo que la única cifra disponible sobre el tamaño de la oferta ilegal la aporta la asociación que representa a los operadores perjudicados por ella. El momento del reclamo tampoco es casual, porque llega cuatro días después de que la reforma de la Ley Federal de Juegos y Sorteos completara la revisión interna del Gobierno y quedara a un paso del Congreso, de manera que la AIEJA está pidiendo que el capítulo digital se escriba dentro de ese proyecto antes de que el texto salga del Ejecutivo. Los 423 casinos autorizados, por último, le dan escala a otra cifra de la semana pasada, los 13 establecimientos clausurados que informó la propia Secretaría de Gobernación.
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