La reforma de la ley de juegos mexicana llega a su última instancia
La reforma de la Ley Federal de Juegos y Sorteos ya pasó por todas las oficinas del Ejecutivo mexicano y le queda una sola escala antes del Congreso de la Unión. La Secretaría de Gobernación informó que el texto terminó de pasar por la revisión interna del Ejecutivo federal y que ahora queda en manos del Gabinete de Seguridad Nacional, un paso que define el envío de una iniciativa pensada para reemplazar la ley que ordena la actividad desde 1947.
El origen del proyecto está en una instrucción de la Presidencia de la República y se anunció ante la Cámara de Diputados en septiembre de 2025. El objetivo declarado es poner a trabajar juntas a todas las dependencias que hoy tienen competencia sobre casinos y casas de apuestas, algo que la ley vigente no contempla porque fue escrita con otra arquitectura, la de una prohibición general del juego de azar acompañada de la facultad exclusiva de la Segob para autorizar y vigilar los establecimientos del rubro.
Rosa Icela Rodríguez usó su balance de gestión para marcar el otro frente. La funcionaria sostuvo que al arrancar la administración se fijaron condiciones operativas claras frente a los permisionarios, con la regularización de trámites condicionada a que desaparezcan las prácticas de corrupción, y bajo advertencia de clausurar negocios y de encarcelar a funcionarios coludidos. Rodríguez remarcó además que la dependencia no trabaja con intermediarios ni gestores para resolver asuntos de la industria.
El resultado de ese trabajo tiene números. El trabajo conjunto de la Segob con la Fiscalía General de la República y con la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, derivó en sanciones y en el cierre de establecimientos irregulares, con 13 casinos clausurados hasta ahora. La propia dependencia estima que unos 20 establecimientos arrastran irregularidades o tienen expedientes abiertos, de modo que la lista todavía puede crecer.
Que una ley de juego pase por el gabinete de seguridad antes que por el Parlamento dice bastante sobre cómo México encuadra el sector, más como un problema de lavado de dinero y de control territorial que como una actividad económica a ordenar. La paradoja es que la arquitectura de 1947, con su prohibición general y sus permisos discrecionales, es precisamente la que produjo el esquema de autorizaciones que la reforma dice querer corregir. Los 13 casinos clausurados, por su parte, conviene leerlos contra el total de salas habilitadas en el país, un dato que este balance no detalla, y contra la caída que mostró la recaudación del impuesto estatal a los casinos en el Estado de México durante 2025, que sugiere un mercado presencial en retroceso antes incluso de que llegue la nueva ley.
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