México tiene 423 casinos autorizados en 30 entidades federativas
La asociación que agrupa a permisionarios, operadores y proveedores del juego en México salió a poner números sobre la mesa. Según sus estimaciones, los 423 casinos autorizados del país, repartidos en 30 entidades federativas, sostienen más de 60.000 empleos directos y llegan a unos 200.000 puestos cuando se suman los indirectos, una cuenta que la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas en México quiere instalar en el debate público.
El argumento no se agota en la nómina de las salas. La entidad sostiene que la presencia territorial de la industria abre vínculos comerciales con proveedores de todos los tamaños, con tecnología, mantenimiento, vigilancia, limpieza y servicios de alimentación entre los rubros que viven de esos contratos, y con pymes que tienen en los casinos un cliente de pago regular. Ricardo Barraza, que conduce Comunicación y Relaciones Institucionales en la asociación, viene insistiendo en ampliar la difusión de datos sobre empleo, inversión, contribuciones fiscales y vinculación con proveedores nacionales, con el objetivo declarado de sacar al sector del segundo plano en que lo ubica la discusión pública.
Las cifras macro que aporta la organización miran más allá de las salas presenciales. El juego y las apuestas en conjunto representarían alrededor del 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, un porcentaje que abarca actividades que exceden a los casinos físicos, y a eso hay que sumarle las obligaciones fiscales, federales y locales, de los establecimientos autorizados junto con la inversión continua en modernización de instalaciones, en equipamiento tecnológico y en infraestructura. El tablero digital también cuenta, porque hay más de 100 mil máquinas autorizadas dentro de los establecimientos regulados y unas 80 plataformas legales de juego online.
La asociación acompaña el dato económico con una posición regulatoria. Reconocer el alcance del sector, plantea, no significa minimizar los riesgos del juego, y de ahí deriva un pedido de reglas claras, de mecanismos de supervisión adaptados a cada modalidad, de protección al usuario y de medidas efectivas de juego responsable. El otro reclamo es de distinción, separar a los operadores que cumplen de los que trabajan al margen de la ley, porque según su lectura solo así la contribución económica puede sostenerse en el tiempo y seguir derramando sobre el empleo, la inversión y los proveedores nacionales.
El momento en que aparecen estos números no es casual y conviene leerlo con el mapa regional al lado. Hace una semana la misma asociación estimaba que el 60 por ciento del mercado mexicano opera de manera ilegal, sin que exista una medición oficial que lo confirme, y ahora completa el argumento con el dato de empleo, que es exactamente el argumento que el sector brasileño está usando desde que la prohibición le costó más de 3.500 puestos en catorce días. La diferencia es el momento, en Brasil la cifra laboral llegó como consecuencia y en México llega como prevención, con la industria construyendo la defensa económica antes de que el debate se endurezca. Vale aclarar que el salto de 60.000 a 200.000 empleos supone un multiplicador de más del triple entre directos e indirectos, y que la asociación no publicó la metodología con la que lo calcula, de modo que es el número que un legislador va a pedir que se audite primero.
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