Incertidumbre por el futuro de miles de tragamonedas en Puerto Rico
A pocos días de que entre en vigor la interconexión obligatoria de las máquinas tragamonedas en ruta en Puerto Rico, el sector opera en un clima de marcada incertidumbre. Si bien la Comisión de Juegos estableció el 14 de enero de 2026 como fecha de inicio del proceso de transición, la normativa no despeja qué ocurrirá con una gran parte del parque de equipos una vez concluido ese período, lo que genera preocupación entre operadores y proveedores.
Las dudas fueron planteadas públicamente por el abogado Graciani Betancourt, representante de numerosos actores del sector, quien advirtió que la orden administrativa se limita a regular la etapa de transición hacia la interconexión, pero no define el escenario posterior a abril de 2027, cuando finaliza el plazo establecido.
La resolución, emitida el 11 de diciembre, dispone que desde el 14 de enero los operadores de máquinas de juegos de azar en ruta deberán iniciar el proceso de interconexión. A partir de esa fecha, contarán con 90 días para firmar contratos con proveedores certificados, presentar la documentación ante la Comisión y comenzar la conexión de los equipos, que permitirá el reporte automático de ingresos y premios.
Sin embargo, el principal foco de preocupación está puesto en las denominadas máquinas con “limitaciones tecnológicas”, que solo pueden transmitir información básica. Según Betancourt, la orden no aclara si estos equipos podrán seguir operando una vez finalizada la transición ni qué tipo de tecnología estará habilitada para incorporarse durante y después del proceso.
“La orden de la Comisión se concentra únicamente en el período de transición y no establece qué sucederá después de abril de 2027”, señaló el abogado, quien agregó que tampoco existe una definición expresa sobre la continuidad de las máquinas con limitaciones tecnológicas tras ese plazo.
El impacto potencial es considerable. De acuerdo con datos aportados por Betancourt, cerca del 90 por ciento de las aproximadamente 23.000 máquinas licenciadas en la isla corresponden a este tipo de tecnología. En contraste, apenas unas 1.500 unidades de nueva generación se encuentran actualmente en operación, con un costo estimado de US$15.000 por equipo, lo que pone en duda la viabilidad de un reemplazo masivo en el corto plazo.
A este escenario se suma el costo de adecuación al nuevo sistema. Los operadores deberían invertir alrededor de US$110.000 para instalar el software de interconexión, sin contar con la incertidumbre sobre la continuidad de sus equipos. Según el representante legal, desde el verano pasado se intentaron obtener definiciones formales por parte del organismo regulador, incluso mediante una carta dirigida a su director ejecutivo, Juan Carlos Santaella Marchán, que no habría tenido respuesta.
La falta de precisiones contrasta con la relevancia fiscal de la actividad. El sector de tragamonedas en ruta aporta alrededor de US$40 millones anuales a las arcas públicas, recursos que se destinan, entre otros fines, al Fideicomiso de Retiro de la Policía, a los municipios y al Fondo General.
Con el inicio del proceso a la vuelta de la esquina y sin nuevas comunicaciones oficiales, el mercado llega al 14 de enero envuelto en cautela. Operadores y proveedores aguardan definiciones que permitan despejar el panorama regulatorio y planificar inversiones en una actividad clave para la recaudación y el control estatal.
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