Puerto Rico quiere pagar pensiones con el impuesto al casino online
La gobernadora Jenniffer González Colón ató la regulación del casino online a un objetivo que nadie discute en Puerto Rico, subir las pensiones públicas. La medida de administración A158 propone un marco legal para el igaming y establece un arbitrio que se aplicaría sobre los ingresos brutos ajustados del juego, con lo recaudado yendo a financiar esos aumentos, un encuadre político que ya tiene enfrente al sector hotelero y de casinos.
El texto trabaja sobre la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y le suma requisitos para operadores, para proveedores y para jugadores, con capítulos dedicados al lavado de dinero y al fraude, a la ciberseguridad, al juego responsable y a la protección del consumidor. La supervisión quedaría en manos de la Comisión de Juegos, que tendría que coordinar con otras dependencias, entre ellas el Departamento de Hacienda y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
La gobernadora presentó la iniciativa dentro de un paquete más amplio, que según dijo atiende necesidades concretas de la gente. Entre los objetivos mencionó dos cosas en la misma frase, reglas claras para los juegos de azar en línea y recaudos destinados a nuestros jubilados, y a eso sumó la ampliación del acceso a servicios estatales para personas sordas, el cumplimiento de acuerdos de divorcio y la innovación médica.
La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico salió a rechazar la medida, que circula bajo la identificación de Proyecto de la Cámara 1514, y puso el foco en lo que la entrada de los casinos online le haría al empleo, a las inversiones y a la facturación de las salas tradicionales. Ismael Vega, que preside el Comité de Casinos de la entidad, abrió por el procedimiento: Es inaceptable que una propuesta de esta magnitud se presente sin consultar a la industria de casinos. El dirigente repasó después lo que aportan las salas locales, puestos de trabajo, capital invertido y una regulación estricta encima, y cerró con una advertencia sobre el encuadre fiscal, el Estado no puede tratar la expansión indiscriminada del juego como solución mágica a sus problemas.
El reclamo más concreto de la asociación es de paridad competitiva. Según la entidad, la propuesta contempla incentivos contributivos para los operadores virtuales, y ahí ve el riesgo de una cancha inclinada frente a las salas físicas, que cargan con inversiones en infraestructura y con sus propias obligaciones fiscales. Miguel Vega, que fue presidente de la Junta de Directores, lo puso en términos de equivalencia, ofrecer los mismos juegos por canal virtual sin una inversión comparable en instalaciones, infraestructura y empleos debilita a las salas que ya existen, y agregó que el daño no se detiene en una operación porque se expande a la hotelería, al flujo de inversión turística y a los hogares que dependen de esos sueldos. La organización pidió además que antes de tocar el marco regulatorio se haga una evaluación integral de los efectos económicos y fiscales, con los estudios recientes sobre saturación del mercado incluidos.
El agujero del anuncio está en los números que no aparecieron. Un arbitrio destinado a pensiones solo se puede evaluar si se conocen dos datos, la tasa que pagaría el juego online y cuánto subirían efectivamente las jubilaciones, y ninguno de los dos fue informado. Sin eso, la discusión queda planteada entre una promesa sin monto y una objeción sin contraparte numérica, porque la industria tampoco cuantificó el desplazamiento de ingresos que anticipa. El punto de fondo, en cambio, sí es verificable y es el que conviene seguir, si la ley termina otorgando incentivos contributivos al canal virtual mientras mantiene la carga del canal físico, el resultado no sería una expansión del mercado sino una migración interna, y en ese caso el recaudo adicional para las pensiones podría venir en parte del propio impuesto que hoy pagan las salas. Vale agregar que esta es la segunda vez en pocos meses que el sector hotelero frena en seco un proyecto de ampliación del juego en la isla, de modo que el Ejecutivo llega a la discusión con un antecedente de desgaste y con un interlocutor que ya conoce el argumento. El dato que va a ordenar el debate legislativo no es ninguno de los que se dijeron esta semana sino el que falta, cuánto GGR anual puede sostener un mercado online en una jurisdicción de poco más de tres millones de habitantes que ya tiene 22 salas en funcionamiento, porque de ese número depende si el arbitrio alcanza para mover la aguja de las pensiones o si solo redistribuye lo que el canal físico ya aportaba.
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