Puerto Rico: Tragamonedas congeladas tras fallo de apelaciones
La pelea por el futuro del negocio de máquinas de azar en ruta en Puerto Rico sumó un nuevo round en los tribunales. El Tribunal de Apelaciones hizo lugar a un recurso presentado por la Comisión de Juegos y ordenó paralizar los procedimientos derivados de una sentencia previa que obligaba al organismo a recibir y procesar nuevas solicitudes de operadores. La decisión deja en pausa el ingreso de nuevos jugadores al mercado mientras se resuelve el fondo de la disputa.
El conflicto venía escalando desde hace semanas. La jueza Iris Cancio González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, había fallado a favor de un grupo de comerciantes nucleados en UNOMAR y ordenado al regulador aceptar, procesar y evaluar las solicitudes presentadas en un plazo de cinco días. Para la magistrada, la Comisión incumplía obligaciones expresas de la normativa al negarse a recibir formalmente los pedidos. La apelación del organismo cambió el escenario y, con el visto bueno del foro superior, el recibo de nuevas solicitudes de licencias quedó suspendido de forma automática.
“El Tribunal de Apelaciones acogió dicho recurso y ordenó la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia hasta tanto el foro apelativo disponga lo contrario”, explicó el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán. El funcionario remarcó que la decisión “preserva el orden regulatorio” mientras se diluciden los puntos centrales del litigio y reiteró que la Ley Núm. 11 de 1933 fija un marco claro sobre plazos y condiciones tanto para los licenciatarios actuales como para los aspirantes a entrar al sistema.
El abogado de los demandantes, Frank Torres Viada, había celebrado el fallo inicial y sostenido que la Comisión “no podía seguir cerrando la puerta” a nuevos participantes del mercado. La discusión gira en torno a la interpretación del régimen vigente y, sobre todo, a si la ley obliga al regulador a habilitar el ingreso de nuevos operadores antes de 2028 o si todavía rigen plazos especiales que privilegian a quienes ya tienen licencia. La industria local quedó dividida entre quienes defienden la apertura inmediata y quienes prefieren ordenar primero el inventario actual.
Uno de los datos centrales que marcaron la pelea es el remanente de máquinas todavía disponibles dentro del tope legal. El fallo de primera instancia había señalado que existen alrededor de 2.000 unidades libres dentro del límite de 25.000 máquinas autorizadas en Puerto Rico, una cifra que los demandantes esgrimen para justificar la apertura del padrón. La Comisión, en cambio, insiste en que el proceso debe ser “ordenado, legal y conforme a la intención legislativa”, lo que implica respetar la cadena de prioridades fijada por la ley.
El caso puertorriqueño se conecta con una tendencia más amplia en Latinoamérica y el Caribe, donde varios mercados se debaten entre abrir nuevas licencias para captar inversión o consolidar primero a los actores existentes. Países como República Dominicana, Costa Rica y Panamá observan procesos similares en sus respectivos sectores de slots y casinos, en un escenario donde la presión por más ingresos fiscales convive con la necesidad de evitar la sobreoferta. El desenlace en Puerto Rico marcará un antecedente regional sobre el margen judicial para discutir cómo se reparte el negocio del juego en ruta.
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