La DNIT realiza allanamientos en el departamento de Amambay
La Comisión Nacional de Juegos de Azar de Paraguay, dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ejecutó una serie de allanamientos en el departamento de Amambay como parte de su estrategia para frenar las apuestas clandestinas y los juegos de azar ilegales. El operativo estuvo a cargo de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, con acompañamiento del Ministerio Público, y se desplegó tras denuncias por presuntas operaciones ilegales vinculadas a apuestas deportivas y a la explotación de juegos no regulados.
El procedimiento representa uno de los primeros casos significativos bajo el nuevo esquema de articulación institucional que estableció la Ley N° 7438/25 y su reglamentación, normativa que reordenó el marco paraguayo del juego, fortaleció la coordinación entre los organismos del Estado y reforzó los mecanismos formales de denuncia y control. Para los reguladores paraguayos, los allanamientos en Amambay son una primera prueba operativa del nuevo régimen, aún en plena implementación.
Desde la DNIT y Conajzar remarcaron que el combate al juego ilegal constituye una prioridad institucional. La argumentación oficial conecta dos planos. Por un lado, el impacto del juego no regulado sobre la recaudación fiscal y la economía formal, dos pilares del sistema tributario paraguayo. Por el otro, los posibles vínculos de esas actividades clandestinas con hechos punibles más graves, como el lavado de activos y el crimen organizado, una preocupación especialmente relevante en una región fronteriza como Amambay.
El operativo se enmarca en una agenda regional más amplia, en la que países como Brasil, Argentina, Chile y Colombia están reforzando sus equipos de fiscalización contra plataformas ilegales y casinos clandestinos, con causas judiciales que muchas veces incluyen delitos económicos y narcotráfico. Paraguay venía rezagado en términos normativos respecto de algunos de sus vecinos, y la Ley 7438/25 buscó reposicionar a Conajzar como una autoridad con herramientas concretas para coordinar con la Policía Nacional, el Ministerio Público y los gobiernos departamentales.
El procedimiento en Amambay funciona, así, como una señal política y operativa. Para el sector legal paraguayo, anuncia que el regulador empezará a ejercer con mayor sistematicidad las nuevas competencias previstas en la ley. Para los operadores latinoamericanos que evalúan el mercado paraguayo como una vertical de expansión, la noticia tiene una doble lectura, ya que confirma el endurecimiento contra el circuito ilegal pero al mismo tiempo refuerza la importancia de obtener licencias formales para participar de una de las jurisdicciones más interesantes de la región por su ubicación estratégica.
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