Paraguay integra la fiscalización de criptoactivos y juegos de azar
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay ha dado un paso firme en su estrategia de modernización y control financiero mediante la emisión de la Resolución General N° 47. Esta normativa introduce la primera obligación informativa específica para el sector de los criptoactivos en el país, marcando un hito en la trazabilidad de las operaciones digitales. La medida no es un hecho aislado, sino que forma parte de una agenda fiscal integral que busca integrar sectores de alta movilidad económica bajo un mismo paraguas de supervisión estatal, garantizando que el crecimiento de estas nuevas tecnologías se traduzca en una base tributaria sólida y transparente.
A partir de la implementación de esta norma, cualquier persona física o jurídica residente en Paraguay que realice transacciones con criptomonedas por un valor superior a los 5.000 dólares anuales tendrá la responsabilidad de presentar una Declaración Jurada Informativa. Este proceso deberá gestionarse a través del sistema Marangatu, la plataforma central de la administración tributaria. Lo más relevante de esta exigencia es su alcance universal, ya que no se limita exclusivamente a las casas de cambio o a las empresas dedicadas a la minería digital, sino que abarca a cualquier contribuyente que integre activos criptográficos dentro de su operativa financiera habitual.
La integración de Conajzar en la estructura de control tributario
En paralelo a la vigilancia de los activos digitales, la DNIT ha consolidado la incorporación de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) como un pilar fundamental de su nuevo ecosistema de fiscalización. Gracias a la promulgación de la Ley 7438, el regulador del juego ha pasado a formar parte de la estructura orgánica de la DNIT, una transformación institucional que potencia significativamente la capacidad del Estado para monitorear, auditar y, en caso de ser necesario, sancionar irregularidades en el sector de las apuestas. Esta sinergia busca mejorar la trazabilidad de los recursos generados por la industria y asegurar que el mercado opere bajo estándares de integridad elevados.
Los resultados de esta nueva etapa de gestión ya se reflejan en las cifras oficiales del primer cuatrimestre del año. Entre enero y abril de 2026, el sector de juegos de azar en Paraguay alcanzó una recaudación acumulada de 74.612 millones de guaraníes, lo que representa un ingreso superior a los 12 millones de dólares. Este desempeño financiero supone un crecimiento del 6,7 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025. El dinamismo del mercado quedó especialmente demostrado en el mes de abril, cuando los ingresos superaron los 19.301 millones de guaraníes, registrando un notable aumento interanual del 15,5 por ciento.
Un modelo de distribución social y el fin de los esquemas monopólicos
La relevancia de estas cifras trasciende lo estrictamente recaudatorio, ya que los recursos obtenidos tienen un destino social y descentralizado por ley. Una parte sustancial de los cánones percibidos se transfiere de manera directa a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), así como a diversas gobernaciones y municipios para el financiamiento de proyectos locales. Además, estos fondos nutren al Ministerio de Deportes y al Tesoro Nacional, permitiendo que la industria del juego actúe como un motor de inversión en infraestructura y programas de bienestar en todo el territorio paraguayo.
Este fortalecimiento del control fiscal ocurre en un contexto de reformas estructurales profundas para la industria. La Ley 7438 no solo cambió la dependencia jerárquica de Conajzar, sino que también eliminó formalmente el monopolio en la explotación de los juegos de azar en el país. Como resultado de esta apertura, recientemente se han adjudicado dos concesiones para la operación de la quiniela, fomentando un entorno de mayor competencia y transparencia. Con estas medidas, Paraguay se posiciona como un mercado que busca equilibrar la libertad de empresa con una supervisión técnica y fiscal rigurosa, adaptándose a las exigencias de la economía global contemporánea.
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