Paraguay quiere financiar su nuevo regulador con el 5% del juego

DINAJZAR Impuestos

El detalle que define la reforma paraguaya no está en el nombre del nuevo organismo sino en cómo se paga. El proyecto que crea la Dirección Nacional de Juegos de Azar prevé financiar a la DINAJZAR con el 5 por ciento de lo que ingresen los hipódromos, los casinos y los juegos de alcance nacional. Es un regulador autofinanciado por el sector que debe controlar, un diseño que le da recursos propios al margen del Tesoro y que al mismo tiempo ata su presupuesto a la expansión de la actividad que vigila.

La iniciativa aparece listada en la agenda preliminar que la Cámara de Senadores manejará esta semana, según el listado que difundió el propio Senado y lo que informó el medio local La Tribuna, y todavía depende de que la Mesa Directiva cierre esa agenda antes de que empiece la sesión ordinaria. El 12 de octubre el expediente llegó al Senado y dos días más tarde quedó girado a comisión, de modo que su tratamiento está en una etapa temprana.

El texto llegó desde el Poder Ejecutivo por la vía del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene 72 artículos y una ambición institucional clara: crear un organismo autárquico que absorba las funciones de la Comisión Nacional de Juegos de Azar y además competencias regulatorias que hoy están en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Es decir, no solo reemplaza a la CONAJZAR, también concentra atribuciones que hasta ahora estaban repartidas entre dos estructuras distintas.

La segunda decisión de fondo está en el régimen de concesiones y apunta en dirección contraria a la apertura. El universo alcanzado va de los casinos presenciales al bingo online, e incluye loterías, quiniela, carreras de caballos, apuestas deportivas y casino online. Para la quiniela el texto admite un máximo de tres concesiones, y otras tres para las apuestas deportivas, con adjudicación por licitación pública en determinadas actividades. Paraguay elige así un mercado de pocos adjudicatarios, un camino distinto del de las licencias abiertas por las que optaron Brasil, con autorizaciones pagas, o Perú, con un régimen de habilitaciones.

En materia de fiscalización, la nueva dirección quedaría habilitada para entrar a inspeccionar locales y también plataformas digitales, exigir documentación e aplicar clausuras, multas, suspensiones y hasta la cancelación de una autorización, con herramientas específicas para actuar sobre plataformas que funcionen sin permiso. El alcance sobre lo digital es el punto donde se concentra el poder nuevo: hasta ahora el control del canal online era la pieza más débil del esquema paraguayo.

El capítulo de protección al jugador reúne reglas de publicidad, autoexclusión, barreras de acceso para quienes no alcanzan la mayoría de edad y comprobación de identidad, más obligaciones de prevención de lavado de activos. Es el repertorio que se volvió estándar en la región durante el último año, y su presencia en el texto alinea a Paraguay con las exigencias que Perú puso en consulta y que la provincia de Buenos Aires discute en su propio proyecto.

La transición quedó resuelta de la manera menos disruptiva. Lo que hoy está concesionado o autorizado conservaría su validez hasta la fecha en que cada título caduque, según el régimen que trae el texto, de modo que el cambio de autoridad no interrumpe contratos en curso. Ese resguardo es justamente lo que el sector brasileño está reclamando por vía judicial después de que una medida provisoria suspendiera licencias ya pagas, y muestra que la redacción paraguaya aprendió de un problema ajeno.

La Comisión Nacional de Juegos de Azar es el organismo que regula actualmente los juegos de azar en Paraguay, con competencia sobre loterías, quiniela, casinos, apuestas deportivas y bingo, y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es la administración tributaria paraguaya, que concentra funciones recaudatorias y de control que el proyecto propone redistribuir. La DINAJZAR nacería como organismo autárquico, es decir con patrimonio y administración propios, dentro de la órbita del Estado.

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