Paraguay quiere reemplazar a Conajzar por un regulador autónomo
El Poder Ejecutivo paraguayo giró al Congreso un texto que disuelve la Comisión Nacional de Juegos de Azar y pone en su lugar a la Dirección Nacional de Juegos de Azar, un organismo nuevo que heredaría las tareas de regular, de autorizar y de fiscalizar al sector. La iniciativa lleva dos firmas, la del presidente Santiago Peña y la de Teodora Recalde al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, está fechada el 12 de octubre de 2026 y se compone de una exposición de motivos más un texto de 72 artículos.
El cambio de fondo es de estatus jurídico. La DINAJZAR nacería con patrimonio propio y con capacidad de administrar sus recursos, en la figura de persona jurídica de derecho público, autónoma y autárquica, mientras que la Conajzar depende hoy de la estructura administrativa del Estado y queda atada al Ministerio de Economía y Finanzas. El proyecto sostiene que esa dependencia le recorta capacidad de gestión y propone una institución con independencia administrativa y financiera, encabezada por un director nacional que el Poder Ejecutivo designa y remueve por decreto, y que concentra la conducción y la representación del organismo. Sus competencias irían desde la aplicación de sanciones y el control de los operadores hasta el manejo de concesiones y permisos, con la regulación de las modalidades de juego y la vigilancia de las obligaciones de juego responsable y de prevención del lavado de activos completando la lista.
En materia de concesiones el texto mantiene el reparto de jurisdicciones entre los juegos de alcance nacional y los que autorizan los gobiernos departamentales y municipales. La dirección quedaría a cargo de las concesiones nacionales, con casinos, apuestas deportivas, quinielas y las demás modalidades previstas en la legislación, y ciertas actividades tendrían que salir a licitación pública con un tope de 10 años por concesión, que además no podría prorrogarse. La vía para incorporar modalidades nuevas queda abierta mediante resoluciones fundadas, y tanto las apuestas deportivas como los casinos online figuran de manera expresa entre lo que queda sujeto a regulación.
El capítulo de control es el que más crece. El organismo podría entrar a revisar locales, plataformas y sistemas tecnológicos, pedirles información a los operadores y abrir investigaciones por incumplimientos, con una escala graduada que separa las infracciones leves, las graves y las muy graves cuyas sanciones van del apercibimiento a la multa, la clausura temporal, la suspensión o cancelación de autorizaciones y la inhabilitación. Entre las medidas cautelares aparece el bloqueo de las plataformas digitales que se usen para explotar juegos sin autorización, y también el secuestro de equipos, y la explotación clandestina queda tipificada de manera expresa como conducta pasible de sanción, con previsiones que llegan hasta la responsabilidad penal.
La protección del jugador suma un bloque propio. Quedan vedados los menores de edad, se vuelve obligatorio verificar identidad y se habilitan los sistemas de autoexclusión. La publicidad entra también en el recorte, con límites a las piezas que apunten a menores y a las que vendan la apuesta como una solución a problemas económicos. Sobre los operadores recaen además los deberes vinculados al financiamiento del terrorismo y a la prevención del lavado de activos, que vigilarán las autoridades competentes en la materia.
El financiamiento del nuevo regulador tiene un número concreto. La DINAJZAR recibiría el 5% de los ingresos que generan los juegos de alcance nacional, los casinos y los hipódromos, y dejaría intacto el esquema con que hoy se reparten los cánones entre sus beneficiarios legales, con obligaciones de transparencia, publicación institucional e informes de gestión. En la transición pasaría a ocupar el lugar de la Conajzar en sus derechos, en sus obligaciones y en sus relaciones jurídicas, con los permisos, las licencias, las autorizaciones y las concesiones ya otorgadas conservando validez hasta su vencimiento y con los expedientes en curso siguiendo su trámite bajo la nueva estructura. La propuesta todavía tiene que atravesar el tratamiento legislativo antes de convertirse en ley.
El punto que conviene seguir es el financiero y no el institucional. Un regulador que cobra el 5% de la recaudación de los juegos que supervisa deja de depender del presupuesto general y gana la capacidad técnica que hoy no tiene, pero al mismo tiempo ata su propio ingreso al volumen de la actividad que debe controlar, un incentivo que la literatura regulatoria conoce bien y que obliga a mirar con qué contrapesos de transparencia llega el texto. El antecedente inmediato ayuda a dimensionar la cifra, porque la Conajzar informó en septiembre una recaudación mensual que acumulaba varios meses de caída, y el 5% se calcula sobre esa base variable y no sobre una partida fija. La otra pieza a observar es el plazo de hasta 10 años sin prórroga para las concesiones, que fuerza a licitar de nuevo en un mercado donde los contratos de larga duración fueron durante años la principal fuente de litigio.
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