iGaming exige al Congreso cerrar vacío legal en mercados de predicción
La batalla por la integridad del mercado regulado en Estados Unidos ha abierto un nuevo frente. En una carta conjunta enviada al Senado y a la Cámara de Representantes, las dos organizaciones más poderosas del sector, la AGA (representando al juego comercial) y la IGA (representando al juego tribal), han solicitado una intervención legislativa urgente.
El objetivo es claro: impedir que los llamados "mercados de predicción" y las plataformas de criptoactivos utilicen la inacción de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para ofrecer apuestas deportivas bajo la apariencia de "contratos de eventos".
El "Caballo de Troya" regulatorio
El argumento central de la industria es que estas plataformas están explotando una zona gris regulatoria. Desde enero del año pasado, se ha detectado una proliferación de contratos que replican mecánicas idénticas a las apuestas deportivas tradicionales —incluyendo combinadas (parlays) y especulaciones sobre transferencias de atletas universitarios— pero que se comercializan como instrumentos financieros.
Para la AGA y la IGA, esto constituye una amenaza directa al modelo post-PASPA (la sentencia de 2018 que permitió la regulación estatal de las apuestas). Mientras los operadores con licencia deben cumplir con estrictas normativas estatales, geolocalización y tributación, estas nuevas plataformas operan en los 50 estados (incluso donde las apuestas son ilegales) y permiten el acceso a mayores de 18 años sin los controles de Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML) que exige la ley.
Una oportunidad legislativa: La Ley Cripto
Las asociaciones ven una ventana de oportunidad única en el debate actual sobre la legislación de la estructura del mercado de criptomonedas. En la misiva, instan a los legisladores a incluir disposiciones explícitas que prohíban el uso de plataformas registradas en la CFTC para actividades de juego.
La crítica hacia la CFTC es contundente: la industria acusa al regulador de materias primas de una "inacción regulatoria" que no solo debilita las leyes estatales y la soberanía tribal, sino que pone en riesgo la protección al consumidor.
El peso económico de la legalidad
Para dimensionar lo que está en juego, la carta recuerda al Congreso el peso del sector regulado:
- Impacto económico: US$ 329.000 millones anuales.
- Ingresos fiscales: US$ 53.000 millones en impuestos.
- Empleo: 1,8 millones de puestos de trabajo.
- Supervisión: Más de 8.400 órganos reguladores estatales y tribales.
Las entidades argumentan que permitir que los mercados de predicción operen al margen de este ecosistema no solo es una competencia desleal, sino que drena cientos de millones de dólares que deberían ir destinados a infraestructura, educación y servicios públicos a través de los impuestos al juego.
Riesgos sistémicos
Más allá de la competencia económica, la carta advierte sobre peligros legales y sociales. Las asociaciones señalan que estos contratos violan el espíritu de la Wire Act y la Ley de Regulación del Juego Indígena (IGRA). Además, alertan que la falta de supervisión en estos mercados de predicción facilita la manipulación de eventos deportivos, el lavado de dinero y la especulación sobre eventos sensibles, como conflictos armados o tragedias humanitarias.
Con el respaldo de 39 fiscales generales estatales que ya han manifestado su oposición a estos contratos, la industria del juego envía un mensaje unívoco a Washington: la innovación financiera no puede ser una excusa para el juego ilegal.
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