CUOASEC presenta un proyecto para regular el juego online en Uruguay
La Cámara Uruguaya de Operadores y Arrendadores de Servicios de Casinos y Salas de Esparcimiento ratificó su compromiso con el combate al juego ilegal y presentó ante el Poder Ejecutivo un proyecto de ley integral para regular los juegos de azar en línea. La cámara sostuvo que el juego ilegal genera perjuicios económicos y sociales, promueve la competencia desleal, facilita la evasión fiscal y expone a los usuarios a plataformas que operan sin garantías de transparencia, seguridad ni protección. Al mismo tiempo, planteó que la actividad debe regularse mediante una ley que establezca un marco normativo integral, defina las competencias del Estado y garantice un sistema eficaz de control y fiscalización.
El proyecto propone un régimen que reafirma que toda explotación de juegos de azar requiere autorización estatal y limita la operación a prestadores habilitados y sujetos a fiscalización. La iniciativa incorpora herramientas para garantizar la transparencia y la trazabilidad de las operaciones, proteger a los usuarios, promover el juego responsable y reforzar la prevención de la ludopatía, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, además de la ciberseguridad y la protección de datos personales. También contempla mecanismos específicos para combatir el juego ilegal, como el bloqueo de plataformas no autorizadas, la creación del dominio exclusivo .bet.uy para identificar a los operadores legales y un Registro Nacional de Usuarios que fortalece el control de la actividad, en una propuesta que busca adecuar la normativa uruguaya a estándares y buenas prácticas internacionales. La cámara está integrada por Enjoy Punta del Este, Codere, Victoria Plaza Casino, Rivera Casino & Resort, Santa Cristina Hotel & Casino y Salto Hotel & Casino.
En su valoración de la iniciativa, Luis Gama sostuvo que uno de sus principales méritos es que aborda una realidad que la normativa vigente necesita contemplar con mayor precisión, con reglas claras para una actividad que evoluciona al ritmo de las nuevas tecnologías, ya que el proyecto define quiénes pueden participar, bajo qué condiciones y con qué responsabilidades, al tiempo que dota a las autoridades de mayores herramientas para supervisar el funcionamiento del sector. Gama planteó que la propuesta incorpora garantías relevantes para los usuarios, mecanismos de prevención frente a conductas problemáticas y exigencias en materia de identificación, medios de pago y seguridad tecnológica, en una iniciativa que procura compatibilizar el desarrollo de la actividad con el interés público, con certezas jurídicas y un ámbito de actuación claramente delimitado.
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