Uruguay: Nuevo proyecto de ley para regular juego online
El debate sobre la regulación del juego online vuelve a instalarse en el Parlamento uruguayo. El senador Felipe Carballo presentó un proyecto de ley que propone establecer un marco integral para las apuestas por internet, con el fin de ordenar un mercado en expansión, reducir el juego ilegal y asegurar beneficios económicos para el Estado.
Según adelantó El Observador, la propuesta contempla la creación de una Plataforma Estatal de Juego Online, administrada por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, encargada de operar, regular y supervisar la oferta digital de juegos de azar. El modelo, de carácter mixto, permitiría que el Estado participe directamente en la explotación de parte de la actividad, mientras habilita la intervención de operadores privados bajo estrictas normas técnicas, fiscales y sanitarias.
“Uruguay debe legislar con visión estratégica y sentido de responsabilidad. La ausencia de regulación no impide que el fenómeno ocurra; solo agrava sus consecuencias”, sostuvo Carballo en una columna publicada en Montevideo Portal.
Nueva autoridad y registro nacional de apostadores
El proyecto también prevé la creación de la Agencia Nacional de Regulación del Juego Online, una persona pública no estatal que concentrará competencias hoy dispersas entre la Dirección General de Casinos y la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
Entre sus funciones estarían:
- Otorgar licencias a operadores privados.
- Fiscalizar plataformas, algoritmos y transacciones.
- Implementar un Registro Nacional Digital de Apostadores con trazabilidad financiera.
- Regular la publicidad y las estrategias de marketing.
- Coordinar políticas de salud pública y educación digital.
- Imponer sanciones o revocar licencias en caso de incumplimiento.
El artículo 5 establece que toda persona que participe en apuestas online deberá estar registrada, con límites de gasto configurables y controles de identidad. Además, la explotación con fines de lucro de juegos no autorizados será tipificada como delito.
Un Estado en desventaja frente a un mercado global
En la exposición de motivos, Carballo argumenta que el modelo estatal de monopolio vigente desde el siglo XIX se ha visto superado por la digitalización del juego y el avance de plataformas internacionales que operan sin supervisión.
El documento advierte que el uso de criptomonedas, billeteras digitales y redes privadas (VPN) ha reducido la capacidad del Estado para ejercer control y cobrar impuestos, generando riesgos económicos, sanitarios y sociales.
“La expansión de operadores globales ha colocado al Estado uruguayo en una posición de desventaja frente a un mercado desregulado. Regular no es fomentar el juego, sino proteger a los ciudadanos”, señaló el legislador.
Antecedentes: un debate pendiente desde 2022
La discusión sobre el juego online no es nueva en Uruguay. En 2022, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, un proyecto similar —impulsado por el Ministerio de Economía— obtuvo aprobación en el Senado, pero fue rechazado en la Cámara de Diputados por falta de consenso político y tensiones dentro de la coalición gobernante.
El texto original permitía a los casinos físicos ofrecer sus juegos en línea, pero algunos legisladores propusieron ampliar las licencias a empresas sin presencia física, lo que generó resistencia. También se debatió la inclusión de las apuestas deportivas online, punto que dividió aún más las posturas.
Mientras tanto, La Banca, operador del juego estatal que gestiona Supermatch —la única plataforma autorizada para apuestas deportivas—, y los casinos privados continúan siendo los principales actores del sector. El fútbol uruguayo, por su parte, recibe alrededor de USD 500.000 anuales por utilidades de Supermatch, aunque la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ha reclamado abrir el mercado a nuevas empresas para atraer patrocinadores internacionales.
Nuevo escenario político y proyecciones
Con el inicio del gobierno de Yamandú Orsi, la regulación del juego online vuelve a la agenda legislativa. Según fuentes del Frente Amplio, existen conversaciones informales con el Ejecutivo para retomar la discusión en 2026, aunque aún no hay consenso sobre el alcance del proyecto.
El director general de Casinos, Fernando Estévez, confirmó que el Ministerio de Economía trabaja paralelamente en un plan de regulación sectorial, mientras el Senado avanza en el nuevo texto impulsado por Carballo.
“Uruguay tiene la oportunidad de transformar una actividad con una regulación obsoleta en una política pública que combine desarrollo, salud pública y justicia social”, afirmó el senador.
La propuesta busca modernizar el marco legal, fortalecer la supervisión estatal y promover un modelo de juego responsable y transparente, alineado con los estándares regulatorios de países como Colombia, España y Reino Unido.
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