El fondo de clubes absorbería el 76% de la utilidad del juego online
El dato que más va a pesar en el tratamiento del proyecto bonaerense no lo dio un legislador sino el propio regulador, y no fue el del juego ilegal. Carlos Gallo, director provincial de Juegos y Explotación, informó que el 3 por ciento de los premios que el texto quiere destinar a un fondo para clubes de barrio y becas deportivas equivale, entre enero y septiembre, a AR$532m, y agregó la medición que cambia el sentido de la cifra, ese monto equivale al 76 por ciento de la utilidad bruta que deja el juego online, de modo que, entendió, va a incidir en cómo funcionan las apuestas.
La exposición ocurrió este lunes 19 de octubre, ante la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, que funciona en la Cámara de Diputados provincial y que preside Micaela Olivetto, de Fuerza Patria. Gonzalo Atanasof, que preside el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, llegó acompañado por Gallo y por Sebastián Silvestre, que conduce el área de Legales, y planteó el encuadre de la visita, queremos ser parte de la discusión, con la idea de aportar datos y conocimiento propio para que salga la ley más efectiva posible, según la información que publicó Diputados Bonaerenses.
El titular del organismo construyó su argumento sobre la escala del mercado clandestino y eligió dos referencias presupuestarias para dimensionarlo. Para dimensionar lo que mueve la ilegalidad puso dos referencias presupuestarias al lado, los US$1.000m del último desembolso del FMI y los US$1.400m que tiene asignados el Ministerio de Justicia de la Nación, y concluyó que el juego ilegal argentino llega a US$3.600m, tres veces esas dos cifras. A eso sumó la estimación que circuló en la reunión, según la cual cuatro de cada cinco pesos jugados serían ilegales, más una conclusión institucional, la ilegalidad tiene que atenderse por los tres poderes, porque la persecución de las plataformas clandestinas no puede quedar únicamente en manos del regulador.
Atanasof también defendió lo que ya hace el canal autorizado y marcó el costo laboral de la migración digital. El canal con licencia, sostuvo, aplica un resguardo sumamente estricto contra el ingreso de menores, con cruces contra el Renaper, declaraciones juradas y validaciones biométricas, y advirtió que el pasaje del juego presencial a las plataformas se está llevando puestos de trabajo. Sobre las dificultades para desarmar operadores que trabajan fuera del marco, remarcó que hacen falta herramientas específicas porque en varios casos las estructuras operan desde el exterior.
El texto en discusión es el Régimen Integral de Prevención y Regulación de las Apuestas en Línea, que impulsan Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, de Fuerza Patria, y su alcance va mucho más allá del fondo para clubes. Entre los puntos salientes aparece crear una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales, cánones nuevos que caen sobre los premios y sobre la publicidad, el requisito de capital 100 por ciento nacional para los licenciatarios, restricciones drásticas de publicidad que alcanzan el uso de inteligencia artificial y la vía pública, el veto a la palabra juego en toda comunicación comercial, la decisión de prohibir por completo los bonos y los incentivos de captación, límites estrictos de tiempo de sesión y de acceso, y la biometría facial verificada en tiempo real como condición para jugar.
El pedido más concreto que llevó el organismo es de herramientas penales. Silvestre planteó que una fiscalía especializada necesita personal, recursos y tecnología para llegar a los dueños de los casinos ilegales y no quedarse en los cajeros, y describió el fenómeno sin matices, hoy claramente el juego ilegal no es un flagelo, es un crimen organizado, con dinero que después aparece en operaciones de lavado, en compra de inmuebles y en otros negocios. Para habilitar esa persecución pidió dos cambios, incorporar la figura del presunto infractor al Código Penal bonaerense, que permitiría incautar de manera provisoria dinero, servidores y equipamiento, y reformar el artículo 301 bis del Código Penal, la norma que castiga explotar juegos de azar sin autorización. El problema que describió es de timing procesal, nosotros el decomiso de los bienes se lo generamos al final de la causa, de modo que una suspensión del juicio a prueba puede obligarlos a devolver lo incautado.
Conviene cruzar las dos cifras que dejó la reunión porque apuntan en direcciones distintas. Si el juego ilegal argentino mueve US$3.600m y representa el 80 por ciento del total, el canal autorizado de todo el país quedaría en torno a los US$900m, un tamaño que ayuda a entender por qué el 3 por ciento de los premios puede equivaler a tres cuartas partes de la utilidad bruta provincial. El organismo no publicó la base sobre la que calculó ese 76 por ciento, pero la aritmética que se desprende de su propio dato ubica la utilidad bruta del juego online bonaerense en unos AR$700m para nueve meses, y ese número es el que va a definir si el fondo para clubes es viable o si funciona como una carga que el negocio no puede absorber. El otro punto a seguir es el requisito de capital nacional, porque buena parte de los licenciatarios que hoy operan en la provincia pertenece a grupos con capital extranjero, de manera que ese artículo no ajusta el régimen sino que reescribe quién puede estar en él. Todo esto sucede además mientras en el Senado provincial avanza un proyecto que directamente deroga el capítulo que habilita la actividad, así que la provincia está discutiendo al mismo tiempo cómo regular mejor y si conviene seguir regulando. Hay un detalle institucional que conviene no pasar por alto, y es que lo que el organismo fue a pedir no son facultades regulatorias sino herramientas penales. Eso dice bastante sobre dónde cree el regulador que está el problema, pero también sobre el límite de la ley en discusión, porque una fiscalía especializada se crea por una norma propia y la figura del presunto infractor exige modificar el Código Penal de la provincia, dos actos legislativos que viven fuera del régimen de apuestas y que el texto de la comisión no puede resolver por sí mismo. Más complicado todavía es el pedido sobre el artículo 301 bis, que pertenece al Código Penal de la Nación, de modo que la provincia puede reclamar la reforma pero no sancionarla, y mientras eso no ocurra el problema que describió Silvestre sigue en pie, el decomiso llega al final de la causa y una suspensión del juicio a prueba puede obligar a devolver servidores y dinero ya incautados.
En el plano del producto, el paquete tiene dos artículos que, si sobreviven al debate, pondrían a la provincia por delante del propio régimen nacional. La biometría facial en tiempo real como condición para jugar existe en muy pocas jurisdicciones de la región, y el capítulo publicitario, que llega a vetar la palabra juego en toda comunicación comercial y alcanza la vía pública y el uso de inteligencia artificial, sería el más restrictivo del país, con efecto inmediato sobre campañas y patrocinios ya contratados para la temporada. Queda por último el punto que nadie planteó en la reunión y que es el que va a decidir cuánto de todo esto se aplica, la capacidad operativa. El organismo pide una fiscalía con personal, recursos y tecnología para llegar a los dueños de las plataformas clandestinas, pero el propio funcionario describió estructuras que en varios casos operan desde fuera del país, y ahí una fiscalía provincial choca con un límite de jurisdicción que ninguna reforma del Código Penal bonaerense puede correr. La herramienta que sí está al alcance de una provincia es la que el texto ya incluye, endurecer las condiciones del canal legal y cortarle la publicidad al ilegal, y por eso la discusión sobre el fondo del 3 por ciento no es un detalle contable, porque si el régimen autorizado queda sin margen económico el 20 por ciento legal que describió el organismo se vuelve más chico y el 80 por ciento restante no necesita hacer nada para crecer.
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