Brasil llega al día 41 de la prohibición sin comisión instalada
La comisión mixta que debe analizar la Medida Provisoria 1.394/2026 todavía aparece como aguardando instalación en el sitio del Senado Federal. Al 4 de noviembre nadie ocupaba la presidencia del colegiado, el mes no tenía reuniones agendadas y sus integrantes habían sido designados el 30 de septiembre, es decir hace más de un mes. La norma que cerró la actividad de las casas de apuestas online en Brasil cumple así su día 41 sin que el Congreso haya comenzado a tratarla.
El 9 de noviembre, sin embargo, el reloj deja de ser político y pasa a ser constitucional. Ese día se cumplen 45 jornadas desde la publicación del texto, y la medida entra en régimen de urgencia: le traba la agenda a la cámara donde se encuentre tramitando hasta que haya votación. Nadie tiene que decidir que eso ocurra, ocurre solo, y es el primer mecanismo capaz de forzar el movimiento que los pedidos de los legisladores no consiguieron.
Los plazos que vienen después son los que definen el escenario. La MP tiene una vigencia inicial de 60 días que se agota el 23 de noviembre, el Gobierno puede prorrogarla por otros 60, y como el receso parlamentario congela la cuenta, la fecha límite para que el Congreso defina puede correrse hasta el 4 de marzo de 2027. Son 101 días más que el vencimiento nominal, y ahí está el margen real de la discusión.
Frente a esa inacción hay 94 enmiendas vivas. Hasta el 13 de octubre habían entrado 99 propuestas de modificación y cinco se retiraron después. Hay un grupo que quiere dejar en pie las apuestas deportivas y acotar la prohibición a los casinos online, y otro que apunta a las condiciones que se aplican a las empresas del sector. El rumbo de todas ellas se aparta del objetivo con el que el Ejecutivo firmó la medida, que era sacar del mercado la actividad completa.
La hipótesis de la caducidad empezó a circular con fuerza en la conversación política. O Globo reportó que hay senadores que leen la falta de instalación del colegiado como una estrategia del Ejecutivo para que la definición del conflicto termine en el Supremo Tribunal Federal, mientras en público el Gobierno sostiene que la prohibición sigue siendo una prioridad. Conviene marcar que se trata de una lectura de terceros y no de una posición confirmada por el Gobierno.
El líder del Partido Liberal en el Senado fue el que puso la contradicción en palabras. Carlos Portinho cuestionó la demora y planteó que el Ejecutivo podría dejar caer la norma una vez pasado el período electoral. "Una prioridad no queda guardada en un cajón", resumió, citado por el medio brasileño, después de recordar que la comisión mixta ni siquiera había sido instalada. Su diagnóstico es el de un opositor y no equivale a una confirmación de la estrategia oficial, pero describe un hecho verificable.
El reclamo, y esto es lo que más dice sobre la situación, cruza la frontera entre oficialismo y oposición. En la sesión del miércoles 4 de noviembre los senadores Eduardo Braga y Cid Gomes, de la base del Gobierno, le reclamaron al presidente del Congreso, Davi Alcolumbre, que apure la puesta en marcha del colegiado de modo que la MP llegue al debate dentro de esta legislatura. El opositor Esperidião Amin acompañó el pedido. Lo que incomoda a unos y a otros no es el contenido de la prohibición sino la falta de definición.
La demora tiene además un costo de composición para el propio Gobierno. Si el análisis se corre hasta el recambio de legisladores, el Ejecutivo se encontraría con un Congreso de integración más opositora y por lo tanto menos dispuesto a mantener la prohibición en los términos que firmó. El volumen y la orientación de las enmiendas ya presentadas muestran que el respaldo para recortar aunque sea en parte el alcance de la norma existe hoy, con la correlación de fuerzas actual.
En paralelo corre el frente judicial, y los dos relojes no están sincronizados. El Supremo Tribunal Federal analiza la constitucionalidad de la prohibición y en ese marco realizó una audiencia pública que convocó el ministro Luiz Fux, con el Gobierno, el sector y otras instituciones sentados a la mesa. Un tribunal regional federal ya devolvió la licencia a una operadora apoyándose en la confianza legítima y en la ausencia de previsión de devolución de lo pagado, de modo que la vía judicial empezó a producir efectos antes que la legislativa.
Para las empresas alcanzadas, el punto práctico es que nada de esto suspende la norma. La prohibición rige y sus restricciones se aplican con el Congreso quieto y el Supremo sin resolver. Las tres salidas posibles, aprobación con enmiendas, caducidad por vencimiento del plazo o anulación judicial, dejan situaciones jurídicas distintas para las autorizaciones que se pagaron bajo el régimen anterior, y por ahora ninguna está descartada.
El 9 de noviembre será entonces el próximo punto de control. Si la comisión se instala en los días siguientes, la MP entra en el camino legislativo que el Gobierno dice querer. Si no se instala con la agenda bloqueada, el argumento de que el Ejecutivo prefiere una definición judicial gana un elemento objetivo a su favor.
Una medida provisoria es una norma con fuerza de ley que el presidente de Brasil dicta por razones de relevancia y urgencia y que el Congreso debe convertir en ley dentro de un plazo constitucional para que conserve efectos. La comisión mixta es el órgano formado por diputados y senadores que emite el dictamen previo al tratamiento en el pleno de cada cámara. La Medida Provisoria 1.394/2026, publicada el 25 de septiembre, prohibió la operación, la oferta y la publicidad de apuestas deportivas y juegos online en territorio brasileño.
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