Brasil prohíbe las apuestas y los sitios cierran el 6 de octubre
El reloj ya arrancó. Desde el anuncio, ninguna plataforma puede aceptar una apuesta nueva en Brasil. El 5 de octubre vence el plazo para que los usuarios retiren lo que tengan en sus cuentas, el 6 los sitios y las aplicaciones deben quedar apagados, y del 9 al 14 los bancos que operan con esas empresas tendrán que devolverle el dinero a quien no haya alcanzado a sacarlo.
Esa es la letra de la medida provisoria que Luiz Inácio Lula da Silva anunció el viernes 25 de septiembre y que termina, de un día para el otro, con el mercado regulado de apuestas deportivas y de casino por internet que había empezado a funcionar en 2025.
El instrumento elegido tiene una particularidad: rige desde que se publica. Pero para transformarse en ley y volverse definitivo necesita que el Congreso Nacional lo trate dentro de los 60 días, un plazo que admite una prórroga por otros 60. Los diputados y senadores pueden dejarlo como está, modificarlo o rechazarlo.
La MP no viene sola. Lula también mandó al Congreso un proyecto de ley que fija penas de hasta seis años de cárcel para quien explote o promocione apuestas de cuota fija, presentado como herramienta contra el juego clandestino. Ese texto, a diferencia de la medida, no tiene efecto inmediato: depende de la aprobación parlamentaria y de la sanción posterior del Ejecutivo.
El calendario político explica el timing. Faltan poco más de siete días para la primera vuelta presidencial del 4 de octubre, y Lula convirtió el combate a las apuestas en una de sus banderas de campaña frente a una disputa cerrada con Flávio Bolsonaro. Sus argumentos son las deudas de los hogares y el impacto sobre la salud mental.
Los números que sostienen ese discurso existen, aunque admiten discusión. La Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC) mide que el 82 por ciento de las familias brasileñas tiene deudas, un récord histórico, y el sector rechaza que el rubro sea la causa principal de ese cuadro. Por otro lado, el Ministerio de Salud registra un crecimiento cercano al 140 por ciento en los pedidos de atención por adicción al juego online a lo largo del último lustro.
Lo que se apaga tiene un tamaño preciso. Había 85 compañías licenciadas por el Ministerio de Hacienda y 188 sitios autorizados, porque cada licencia habilita hasta tres dominios. Cada empresa pagó R$30 millones por una autorización que debía durar cinco años. En esas plataformas había 43,8 millones de apostadores registrados, según datos publicados por Folha de S.Paulo. El GGR del conjunto rondó los R$37.000 millones en 2025 y el sector calcula unos 15.000 empleos, directos e indirectos, atados a la actividad.
Cortar esas licencias antes de tiempo es, probablemente, el punto que más ruido va a hacer. Ya se anticipa que las empresas afectadas discutan en tribunales la constitucionalidad de la medida y sus efectos, apoyándose en autorizaciones que otorgó el propio Estado, en los cánones abonados y en los contratos firmados mientras el mercado estaba vigente.
El corte también arrastra a toda la cadena. Los operadores tenían acuerdos con proveedores de juegos, clubes deportivos, empresas de tecnología, procesadores de pago, agencias publicitarias, canales de televisión y estudios jurídicos, todos vinculados contractualmente a una actividad que deja de existir.
El fútbol es el damnificado más visible. Catorce de los veinte equipos de la Serie A llevan hoy una casa de apuestas en el frente de la camiseta: Flamengo con Betano, Corinthians con Esportes da Sorte, Palmeiras y Vasco con Sportingbet, Atlético-MG con H2Bet, Botafogo con VBet, Santos con Novibet, São Paulo y Fluminense con Superbet, Cruzeiro con Betnacional, Vitória con 7K, Remo con VaiDeBet, Chapecoense con ZeroUm y Grêmio con Pitaco. La semana pasada los clubes habían firmado un pronunciamiento conjunto advirtiendo que un cambio brusco comprometería contratos vigentes, planificación financiera e ingresos esenciales.
El alcance va más allá de las camisetas. Quedan tocados los acuerdos de transmisión, la cartelería perimetral de los estadios y los naming rights. Dos sedes del Mundial 2014, la Arena das Dunas de Natal y la Arena Fonte Nova de Salvador, fueron bautizadas con el nombre de una casa de apuestas, y la propia Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) le había cedido a Betano los derechos de denominación del Brasileirão y de la Copa de Brasil.
La otra cuenta que se corta es la fiscal. En 2025, el año en que el mercado arrancó regulado, el sector aportó unos R$9.950 millones en impuestos al Gobierno Federal. Entre enero y agosto de 2026 ya había pagado R$9.910 millones, prácticamente lo mismo que en todo el año anterior. Desde la prohibición, ese flujo se interrumpe.
La respuesta del sector llegó en bloque. Nueve entidades firmaron un manifiesto conjunto en defensa del mercado regulado: ABC-Bet, ABFS, ABRAJOGO, AIGAMING, AMIG, ANJL, IBJR, IJL y SINDIBETS. Su argumento central es que prohibir no borra la demanda sino que la muda de vereda. El no juego no existe, sostuvieron, y avisaron que una porción del público va a terminar jugando en plataformas que no responden a ninguna de las exigencias del mercado autorizado.
La decisión cierra un ciclo que había empezado en 2018, cuando Michel Temer legalizó las apuestas deportivas sin mencionar los casinos online, que igual empezaron a ofrecerse. Esa ley daba al Estado un máximo de cuatro años, dos prorrogables por otros dos, para escribir las reglas, un plazo que se consumió entero durante la presidencia de Jair Bolsonaro sin que la regulación llegara. Recién en diciembre de 2023, ya con Lula en su tercer mandato, el Congreso aprobó la Ley Nº 14.790, que fijó el régimen de la cuota fija e incorporó los juegos online. En 2024 nació la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) dentro del Ministerio de Hacienda, encargada de autorizar, fiscalizar y sancionar, y también la Secretaría Nacional de Apuestas Deportivas y de Desarrollo Económico del Deporte, bajo el Ministerio del Deporte, dedicada a la integridad de las competiciones.
Si la prohibición se sostiene, Brasil quedaría como una rareza entre las grandes economías del mundo: sin casinos físicos y sin mercado online legal. Lo que pase ahora no depende solo del texto publicado, sino de cómo lo trate el Congreso y de lo que resuelvan los tribunales.
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