El veto brasileño cortaría USD 3.580m en transferencias legales
El costo de la prohibición brasileña empieza a tener números y no están en el presupuesto general sino en las partidas que la propia ley de apuestas había atado a destinos concretos. Un análisis de BNLData, construido sobre datos del Tesoro Nacional obtenidos por la Ley de Acceso a la Información, calcula que la interrupción del mercado regulado dejaría sin transferir hasta USD 3.580 millones que debían llegar a fondos federales y organismos públicos antes de diciembre de 2029, el momento en que habrían vencido las autorizaciones concedidas a los operadores.
El punto de partida de la cuenta es lo que el sistema ya había entregado: USD 1.320 millones en contribuciones a los beneficiarios previstos en la ley en los 17 meses iniciales de recaudación efectiva. Sobre esa base el informe plantea dos escenarios para el período que va de octubre de 2026 a diciembre de 2029. Si se mantuviera el ritmo promedio, la pérdida llegaría a USD 3.200 millones; si se computan las alícuotas fijadas para 2027 y 2028, la cifra sube a USD 3.580 millones.
Conviene ver de dónde sale el escenario base, porque no es el promedio histórico. Los USD 1.320 millones en 17 meses equivalen a unos USD 77,6 millones por mes, y 39 meses a ese ritmo darían alrededor de USD 3.030 millones. La proyección de USD 3.200 millones se corresponde, en cambio, con el ritmo del primer semestre de 2026, cuando los operadores generaron USD 493 millones de recaudación neta que iba al reparto legal, es decir unos USD 82 millones por mes. El escenario conservador del informe está calibrado sobre la velocidad más reciente del mercado, no sobre su media, y esa elección es la que vuelve creíble el tramo bajo de la estimación.
El reparto de ese dinero explica por qué el efecto no queda contenido en Hacienda. En el mismo primer semestre de 2026, el deporte recibió USD 85 millones y la seguridad pública USD 68 millones, incluidos los giros a la Policía Federal y al Fondo Nacional de Seguridad Pública, lo que equivale al 17 y al 14 por ciento de la recaudación neta distribuida en el período. El turismo figura también entre los destinos atados. El Fondo Nacional de Seguridad Pública, por su parte, había recibido USD 100 millones del sector en 2025, de modo que la caída de 2026 ya venía insinuándose antes del veto.
La estimación es deliberadamente estrecha y eso importa para leerla. Solo cuenta los importes repartidos entre los beneficiarios legales de la legislación de apuestas: quedan afuera los demás impuestos federales que pagan los operadores y el impuesto a la renta sobre los premios de los apostadores. Queda fuera también cualquier expansión del mercado hacia 2029, igual que la tasa de fiscalización. Son, en palabras del propio informe, proyecciones armadas sobre el ritmo ya verificado y no un cálculo cerrado del impacto fiscal. Conviene leerlas, entonces, como un piso del costo y no como su medida completa.
Lo que queda afuera es más grande que lo que queda adentro. Durante 2025 las casas de apuestas pagaron USD 1.980 millones en tributos federales a la Agencia Tributaria Federal, entre IRPJ, CSLL, PIS/Cofins y contribuciones a la seguridad social. Al cabo de ocho meses de 2026 la cifra ya era de USD 1.970 millones, un 69,25 por ciento arriba del mismo lapso del año previo. A ese ritmo, 2026 estaba camino a cerrar cerca de USD 2.950 millones solo en tributos federales, casi un 50 por ciento por encima de 2025. Puesto junto a los USD 3.580 millones de transferencias atadas, el orden de magnitud del agregado fiscal queda claro: las partidas con destino específico son la parte visible y menor de lo que la prohibición interrumpe.
BNLData es una consultora brasileña especializada en datos del mercado de apuestas, que elabora informes a partir de registros oficiales y pedidos de acceso a la información pública. El mercado regulado brasileño de apuestas de cuota fija y casino online comenzó a operar en 2025 bajo la Ley de Apuestas y la supervisión de la Secretaría de Premios y Apuestas, y fue clausurado por la medida provisoria 1.394/2026, con fecha del 25 de septiembre de 2026, y tenía autorizaciones que se extendían hasta diciembre de 2029.
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