El veto brasileño puede seguir vigente hasta marzo de 2027
Luiz Inácio Lula da Silva ganó la elección del domingo 25 de octubre, y eso no resuelve nada sobre el mercado de apuestas. La medida provisoria 1.394/2026, publicada el 25 de septiembre, prohibió la oferta, la explotación y la publicidad de las apuestas en Brasil, pero su destino sigue dependiendo de dos procesos que corren por separado y que ningún resultado electoral modifica por sí mismo: la aprobación del Congreso Nacional y el examen de constitucionalidad en el Supremo Tribunal Federal.
El primer dato que conviene corregir es el del calendario. La Constitución le da a una medida provisoria 60 días de vigencia, prorrogables una única vez por igual plazo, de modo que el período de análisis puede llegar a 120 días. Pero la cuenta se suspende durante el receso parlamentario, así que no alcanza con sumar 120 días al 25 de septiembre. Esa suma daría el 23 de enero de 2027; con la suspensión del receso, la fecha estimada de caducidad pasa al 5 de marzo de 2027. Son 161 días corridos desde la publicación, es decir unos 41 días adicionales, que es exactamente lo que dura el receso de fin de año en el Congreso brasileño.
El segundo dato corrige el estado del trámite. La composición de la comisión mixta que debe examinar el texto ya quedó definida, pero el órgano todavía no se reunió ni designó presidente ni relator, de modo que lo que falta no es la integración sino el funcionamiento. El plazo de enmiendas cerró el 14 de octubre, después de una prórroga dispuesta por la presidencia de la Mesa del Congreso Nacional con el argumento de garantizar la participación de los parlamentarios una vez pasada la primera vuelta. Se presentaron más de 90 propuestas.
Entre las enmiendas aparecen tres pedidos recurrentes: mantener las apuestas deportivas, preservar los contratos de patrocinio deportivo y las licencias ya concedidas, y crear un período de transición. Dos textos concretan esa última idea. Marcos Braz propone permitir durante 24 meses la exhibición de marcas en camisetas y estadios derivada de contratos de patrocinio ya firmados. Beto Preto plantea conservar las autorizaciones otorgadas hasta el final de sus plazos de validez, sin renovación ni prórroga. Ninguna de las dos modifica nada todavía: para cambiar lo que hoy rige, las enmiendas tienen que aprobarse en el trámite legislativo.
Mientras eso no ocurre, el artículo 4 del texto habilita algo que ya tiene fecha. Las licencias pueden suspenderse una vez cumplidos 30 días desde la publicación de la medida, es decir desde el 25 de octubre, el mismo día de la segunda vuelta. Cada autorización se concedió contra el pago de R$30 millones y con cinco años de validez, y la suspensión opera sin devolución de esos montos, antes incluso de que el Congreso termine de analizar la norma. Esa combinación de tasa pagada, plazo interrumpido y dinero no reintegrado es la formulación más concreta del argumento de seguridad jurídica que esgrime el sector.
El frente judicial es el que puede moverse primero. Luiz Fux quedó como relator de las acciones directas de inconstitucionalidad presentadas por entidades del sector, entre ellas la Associação Nacional de Jogos e Loterias y el Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que piden la suspensión liminar de la medida con tres argumentos: los perjuicios de una interrupción inesperada de las operaciones, la violación de la seguridad jurídica y el riesgo de migración de los apostadores a plataformas clandestinas. El ministro había agendado la decisión para después del balotaje. Puesto junto al calendario legislativo, el orden queda claro: si la vía parlamentaria puede estirarse hasta marzo y la comisión ni siquiera se reunió, la primera definición real que reciba el mercado probablemente venga del Supremo y no del Congreso.
El fútbol es el sector que mide el costo con más precisión. Solo en 2025 las casas de apuestas invirtieron más de R$1.000 millones en la primera división del Brasileirão, y clubes como Flamengo, São Paulo y Fluminense llegaron a usar el espacio de sus camisetas para criticar la medida. Una liminar que suspenda la prohibición y una enmienda de transición como la de Braz atacan el mismo problema por caminos distintos, con la diferencia de que la primera puede llegar en semanas y la segunda depende de un órgano que todavía no tiene presidente.
Lo que sí cambió el domingo es el tablero de negociación, no la norma. El Congreso puede aprobar, modificar o rechazar el texto, y también puede dejarlo caer por vencimiento del plazo constitucional, lo que haría perder eficacia a la prohibición con independencia de lo que resuelva el Supremo. La nueva composición del Legislativo influye en esas negociaciones, pero el resultado electoral por sí solo no altera una línea de la medida.
La medida provisoria 1.394/2026 fue publicada el 25 de septiembre de 2026 y clausuró el mercado regulado brasileño de apuestas de cuota fija y casino online, que había comenzado a operar en 2025 bajo la supervisión de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda. Una medida provisoria tiene fuerza de ley desde su publicación pero requiere conversión legislativa, y las acciones directas de inconstitucionalidad son el mecanismo por el cual el Supremo Tribunal Federal revisa la validez de una norma frente a la Constitución, con la posibilidad de suspender sus efectos mediante una decisión provisional antes del fallo definitivo.
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