IBIA proyecta un 60 por ciento del gasto brasileño en el canal ilegal
La International Betting Integrity Association puso números al costo que tendría la prohibición brasileña sobre la integridad deportiva. Su análisis, construido sobre datos de alertas, estimaciones de mercado y evaluaciones regulatorias, sostiene que la salida de los operadores licenciados deja al deporte, al consumidor y al fisco en peor posición que antes del régimen que el decreto del 25 de septiembre de 2026 vino a desarmar. El cierre llegó a los 21 meses de haberse abierto el mercado, las licencias vencen el 25 de octubre y el Congreso dispone de 120 días para ratificar o tumbar la norma.
La entidad empieza por recordar qué había construido ese régimen. En menos de dos años Brasil autorizó a más de 80 operadores, exigió verificación de identidad a cada cliente, activó un sistema nacional de autoexclusión y bloqueó sitios y pagos ilegales, con la obligación añadida de monitorear apuestas sospechosas, reportarlas y adherir a un organismo independiente de integridad. Medido con la metodología de la propia asociación, el marco previo a la prohibición obtuvo 77 puntos sobre 100, por encima de Portugal con 68 y por debajo de Gran Bretaña con 86, una calificación alta tratándose de un mercado recién abierto.
El dato que mejor ilustra el argumento es el de las alertas. Durante 2025, primera temporada completa con el mercado regulado, la asociación registró 25 avisos sobre movimientos sospechosos en el deporte brasileño, contra una media anual de 11 en el cuatrienio que va de 2021 a 2024. El salto no describe más manipulación sino mejor detección, porque los operadores con licencia estaban obligados a identificar y comunicar cada movimiento extraño. Las alertas son indicios y no pruebas de amaño, de manera que una caída futura en el número no significará un deporte más sano sino un volumen menor de información con la que investigarlo.
Ahí está el problema de fondo que plantea la entidad. Sin operadores licenciados nadie queda obligado a informar, con lo que el rastro de evidencia desaparece y se vuelven más difíciles las sanciones deportivas y también las causas penales, en un país donde el amaño de partidos es delito tipificado y donde el monitoreo de las casas reguladas respaldó condenas y sanciones recientes. Los patrones que antes se podían detectar, analizar y pasar a reguladores, a federaciones y a las fuerzas de seguridad pasan a ser mucho más difíciles de obtener.
Sobre el tamaño del desplazamiento, la asociación cita estimaciones de H2 Gambling Capital. Sin alternativa con licencia, unos R$25.000m (US$5.000m) equivalentes a cerca del 60 por ciento del gasto se moverían hacia operadores no licenciados, y el circuito ilegal saltaría desde unos R$17.000m (US$3.377m) hasta alrededor de R$42.000m (US$8.343m). La factura no se agota en la recaudación perdida, porque el jugador que migra deja atrás las protecciones de pago, las herramientas de autoexclusión y los controles de identidad, mientras el Estado resigna impuestos y tasas de licencia, los clubes de primera división pierden el patrocinio que los financiaba y las autoridades se quedan sin acceso a los datos de apuestas y de cuentas que las licenciatarias estaban obligadas a entregar.
El pedido final apunta al Congreso. La asociación reclama que se reconsidere la Medida Provisional 1.394/2026 y que el futuro del mercado se decida por el proceso legislativo ordinario, con un análisis de impacto que se publique, una evaluación de riesgos explícita y diálogo abierto con el sector. Admite que el régimen tenía agujeros en publicidad, protección al consumidor, supervisión de operadores y persecución de proveedores ilegales, pero sostiene que esas carencias son razones para corregir la regulación y no para abandonarla, con la fiscalización concentrada en los no autorizados y los daños del juego tratados con herramientas puntuales dentro de un mercado con reglas.
Conviene cruzar esta estimación con lo que viene informando el propio Estado, porque las dos miden la misma migración con unidades distintas. El Gobierno contabiliza órdenes de bloqueo, 16.627 sitios entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre, y la asociación local del sector habla de 30.000 páginas ilegales activas, mientras este informe cuantifica dinero y no dominios, R$25.000m que cambian de manos. Las dos series son compatibles y describen el mismo fenómeno desde extremos opuestos, aunque ninguna de las tres cifras proviene de una medición oficial del gasto. La aritmética interna del informe cierra, los R$17.000m de base más los R$25.000m desplazados dan los R$42.000m proyectados, pero las conversiones a dólares del propio texto usan tipos de cambio levemente distintos entre una cifra y otra, de modo que la comparación en moneda estadounidense conviene tomarla como referencia y no como dato duro.
Etiquetas: IBIA, prohibición de apuestas en Brasil, integridad deportiva, mercado ilegal