Lula quiere votar el veto antes de que cambie el Congreso
El apuro del Gobierno brasileño por cerrar el expediente tiene una explicación que no es jurídica sino aritmética electoral. El Ejecutivo que encabeza Luiz Inácio Lula da Silva puso la medida provisoria 1.394/2026 entre sus prioridades y quiere que el Congreso Nacional resuelva qué pasa con ella antes del cierre de 2026, porque a partir de 2027 el Parlamento tendrá más legisladores opositores y, según la propia lectura del oficialismo, aprobar iniciativas del Ejecutivo se volverá más difícil.
El ministro José Guimarães, de la Secretaría de Relaciones Institucionales, puso la norma en el mismo paquete que la PEC de Tarifa Cero y la de Seguridad Pública, los tres asuntos que el Gobierno define como centrales para los próximos meses, y fijó una fecha concreta: las comisiones mixtas tienen hasta el 20 de diciembre para quedar constituidas si se quiere llevar las materias al recinto. Con votar "estas tres grandes pautas", dijo en conferencia de prensa, el Gobierno ya se daría por satisfecho.
Ese plazo tiene un margen más estrecho de lo que parece. Del 25 de septiembre, cuando se publicó la medida, al 20 de diciembre hay 86 días, y la comisión mixta todavía no se reunió ni designó presidente ni relator aunque su composición esté definida desde fines de septiembre. El Gobierno se está dando menos de dos meses para armar y hacer funcionar un órgano que en el primer mes no se puso en marcha, y se autoimpone una fecha 75 días anterior al límite estimado de caducidad de la propia norma, que con la suspensión del receso parlamentario cae alrededor del 5 de marzo de 2027. Es decir que la urgencia no viene del vencimiento de la medida sino del recambio legislativo.
El frente judicial ya tiene fecha y ahora también tiene nómina. Luiz Fux convocó para las 10 de la mañana del martes 3 de noviembre una audiencia pública que se hará en la sala donde sesiona la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal, a pedido de la Abogacía General de la Unión y de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías, con 26 instituciones y entidades citadas. La lista incluye a la Asociación Brasileña de Libertad Económica, al Laboratorio de Regulación Económica de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, al Instituto Brasileño de Juego Responsable, a la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión, a la Confederación Brasileña de Fútbol, a la Confederación Nacional de la Industria y al Ministerio de Hacienda.
La composición de esa lista revela quién considera el tribunal que tiene algo en juego. Hay diez clubes de la Serie A citados: Portuguesa, Guarani, Vitória, Ponte Preta, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense y Flamengo, que junto con la CBF ocupan once de los veintiséis lugares disponibles. El fútbol se queda, entonces, con el 42 por ciento de las sillas de una audiencia sobre un mercado de apuestas, lo que describe mejor que cualquier declaración dónde está el daño que el STF se dispone a medir. La convocatoria, conviene aclararlo, no decide si la medida se suspende, sino que ordena cómo se reciben los argumentos.
Los números del fútbol explican esa presencia. Los datos los aporta Sports Value: las casas de apuestas ponen 34 de cada 100 pesos que los clubes facturan por marketing y aparecen como patrocinador principal en 14 planteles de los 20 que tiene la Serie A, es decir en el 70 por ciento de la primera división. El dato más contundente lo aportó Amir Somoggi, fundador de la consultora: la facturación comercial de los clubes subió 95 por ciento en el trienio 2023 a 2025, y sin lo que puso el segmento ese avance se habría quedado en 25 por ciento. Puesto de otro modo, las apuestas explican 70 de los 95 puntos, casi tres cuartas partes de todo el crecimiento comercial del fútbol brasileño en tres años. La consultora calcula además que esas empresas volcaron en publicidad entre R$500m y R$600m por encima de lo que gastaron firmas de otros sectores.
La protesta ya dejó el terreno institucional. El São Paulo salió a jugar contra Vasco el 17 de octubre llevando "Prohibir no es proteger" estampado en el pecho, y el Flamengo repitió mensajes de ese tipo en varios partidos, incluido el clásico contra Fluminense. Su presidente, Luiz Eduardo Baptista, llevó el argumento al terreno salarial con una advertencia concreta: con esta medida, dijo, el club no tendrá "dinero para pagar el salario de Lucas Paquetá en enero". Diez clubes y la CBF usarán la audiencia para reclamar que la transición de sus contratos de patrocinio se estire más, en caso de que la norma siga vigente.
Lo que las asociaciones del sector van a plantear es más ambicioso que un plazo. Sostienen que lo ilegal creció de manera "exponencial e indebida" por efecto de la prohibición, y piden que la norma quede sin efecto mientras el Congreso no la analice o el Supremo no dicte sentencia definitiva, además de dejar en pie lo ya otorgado: las autorizaciones, los actos reglamentarios y el listado oficial de quienes tenían habilitación. Es el reclamo de volver al estado anterior mientras se discute, no de negociar la salida.
El resultado de los próximos dos meses depende entonces de una carrera entre dos poderes con incentivos distintos. El Ejecutivo quiere votación antes del recambio parlamentario, el Supremo escucha argumentos el 3 de noviembre y puede resolver sobre una liminar después, y el Congreso tiene unas cien enmiendas esperando que van desde recortar el alcance de la prohibición a ciertas modalidades hasta blindar los acuerdos de patrocinio ya firmados y abrir plazos de transición. La medida provisoria 1.394/2026, publicada el 25 de septiembre de 2026, cerró las autorizaciones del mercado regulado brasileño de apuestas de cuota fija y casino online que operaba desde 2025 bajo la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, y necesita conversión legislativa para volverse definitiva.
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