Proponen triplicar fondos de apuestas para seguridad y femicidio

Proponen triplicar fondos de apuestas para seguridad y femicidio

Un proyecto de ley de la diputada Maria do Rosário busca elevar del 12,6% al 30% la participación del Fondo Nacional de Seguridad Pública en la recaudación del sector. La iniciativa pretende blindar el financiamiento para la protección de mujeres y el monitoreo de agresores.

El debate sobre el destino de los impuestos generados por la industria del iGaming en Brasil ha sumado un nuevo e importante capítulo. La diputada federal Maria do Rosário ha presentado una propuesta legislativa para modificar la distribución del Gross Gaming Revenue (GGR), con el objetivo de convertir a las apuestas de cuota fija en el principal motor financiero de las políticas de seguridad pública y protección de género.

La iniciativa plantea una reforma profunda a las leyes Nº 13.756/2018 y Nº 14.790/2023. Actualmente, el Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP) percibe el 12,60% de los impuestos aplicados a las operadoras reguladas. El proyecto de Rosário busca elevar ese porcentaje al 30%, lo que representaría un incremento del 138% en los recursos que el Estado recibe para combatir la criminalidad.

Financiamiento robusto sin carga tributaria

Para la legisladora, la maduración del mercado regulado en Brasil ofrece una oportunidad única para fortalecer las arcas públicas sin castigar al contribuyente. “Al destinar el 30% al FNSP, garantizamos una fuente de financiamiento robusta y permanente para enfrentar la criminalidad”, sostuvo Rosário, enfatizando que una industria que mueve miles de millones de reales debe reintegrar una parte significativa a la sociedad.

El núcleo del proyecto establece una asignación específica dentro del fondo:

Un vacío de protección en los municipios

La propuesta no surge al azar, sino como respuesta a un diagnóstico alarmante. Informes recientes indican que el 70% de los municipios en estados como Río Grande do Sul carecen de equipamiento básico de protección para mujeres en situación de riesgo. Este "vacío de protección" es el que la nueva ley pretende llenar mediante inversiones estructurales financiadas por la actividad del juego.

Ahora, el proyecto deberá recorrer el camino de las comisiones temáticas en la Cámara de Diputados antes de llegar al plenario para su votación definitiva. De aprobarse, Brasil se posicionaría como uno de los mercados donde la industria del juego tiene el mayor impacto directo en políticas de seguridad ciudadana y justicia social.

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