Chile confirma que la carga efectiva del juego online será del 22%
La ambigüedad más importante del proyecto chileno quedó resuelta esta semana en el Senado. El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, explicó ante la Comisión de Economía que la tasa de impuesto específico del 3 por ciento se aplicará sin permitir el descuento del IVA ni de los Pagos Provisionales Mensuales, de modo que la carga efectiva sumando el IVA del 19 por ciento llega al 22 por ciento del ingreso bruto del juego. Era la pregunta central que el texto dejaba abierta y la respuesta es la lectura más gravosa de las dos posibles.
El funcionario se ocupó de desactivar la lectura que presentaba el cambio como una rebaja. "Con este cambio no hay una disminución de impuestos de 20% a 3%, ya que se trata de bases imponibles distintas", sostuvo, y defendió la nueva arquitectura con el argumento de que permite una tributación predecible y fácil de fiscalizar.
Para entender por qué el 3 no equivale a una rebaja desde el 20 hay que ver qué proponía el texto anterior. Ese esquema trataba al juego online como servicio de entretenimiento digital sujeto a IVA, lo que les permitía a los operadores descargar como crédito fiscal lo pagado por bienes y servicios, y le sumaba un impuesto específico del 20 por ciento igual al de los casinos presenciales pero con la posibilidad de descontar tanto el IVA como el PPM, más un punto adicional destinado al juego responsable que también admitía descontar los desembolsos realizados. Es decir que la tasa nominal era seis veces mayor pero la base estaba muy recortada.
El paquete completo que ahora se discute tiene cuatro componentes. Al 22 por ciento efectivo se agrega un aporte al juego responsable del 1 por ciento sobre los ingresos brutos, esta vez sí calculado descontando IVA y PPM, el gravamen anual de 1.000 UTM por licencia que ya venía en el texto original, y plata que el Fisco pondrá de manera directa en un Fondo de Ludopatía nuevo, 60.000 UTM a lo largo de tres años. Ese último punto es el que menos atención recibió y vale subrayarlo: el fondo de ludopatía se financia con dinero del Estado y no solo con el aporte del sector, y los 60.000 UTM equivalen a sesenta veces el gravamen anual de una licencia.
Las proyecciones de recaudación son la otra novedad. Vallebona estimó que la nueva estructura superará los USD 100 millones en el primer año y llegará a USD 133 millones a cinco años de aplicación, cifras que comparó con los USD 84 millones anuales que preveía el proyecto anterior. La mejora respecto de aquella estimación es del 19 por ciento en el arranque, y el recorrido de cinco años implica un crecimiento del 33 por ciento sobre el primer año.
De esas cifras se desprende una estimación que el Gobierno no explicitó. Si la carga efectiva es del 22 por ciento del ingreso bruto del juego y la recaudación del primer año supera los USD 100 millones, el Ejecutivo está proyectando un ingreso bruto del canal online chileno de alrededor de USD 455 millones anuales, y de unos USD 605 millones hacia el quinto año. Es la primera cifra oficial que permite dimensionar el tamaño que el Estado atribuye al mercado que todavía no regula.
Hay una comparación que esos números habilitan y que conviene poner junto al reclamo que la Asociación Chilena de Casinos de Juego hizo público hace dos días. Los casinos presenciales pagan un impuesto específico del 20 por ciento sobre el ingreso bruto del juego pero descontando previamente el IVA y el PPM, mientras el canal online pagaría 22 por ciento sin ninguna de esas deducciones. Si el texto avanza en estos términos, la asimetría tributaria que la asociación denunció quedaría invertida: el online soportaría la carga más pesada de los dos canales, no la más liviana.
En materia de publicidad, Vallebona confirmó el endurecimiento y lo justificó por una vía inesperada. Dijo que las indicaciones endurecen la forma en que se verifica quién es el usuario, para que el control pueda ser continuo y permanente, y ubicó la prohibición de publicidad dentro de ese mismo objetivo, con sanciones administrativas y penales. Recordó además que la versión previa del proyecto se limitaba a restringir la publicidad mientras el actual va hacia la prohibición lisa y llana, cualquiera sea la plataforma y cualquiera sea el sector de la economía. La única puerta que queda abierta es transitoria: "Se establece una norma transitoria que permite mantener por un año la publicidad de plataformas que opten por regularizarse", a condición de que el contrato llevara firma anterior a que la ley se publique.
Esa justificación es la pieza que faltaba para entender el diseño. Al presentar la prohibición publicitaria como un instrumento de control de identidad y no solo de protección frente a la ludopatía, el Gobierno responde por anticipado al argumento de canalización que las asociaciones del sector plantearon esta semana: si el objetivo declarado es que el Estado sepa en todo momento quién está jugando, la visibilidad comercial del operador licenciado pasa a ser secundaria. Las dos lógicas, la de canalizar y la de identificar, apuntan a protecciones distintas y el proyecto eligió la segunda.
La UTM es la Unidad Tributaria Mensual, el índice reajustable con el que Chile expresa multas, gravámenes y obligaciones tributarias, de modo que los montos del proyecto se actualizan con la inflación sin necesidad de modificar la ley. El PPM es el Pago Provisional Mensual, el anticipo del impuesto a la renta que las empresas chilenas ingresan mes a mes. El proyecto, de 114 páginas, se discute en la Comisión de Economía del Senado y propone licencias de cinco años en un mercado que hasta ahora opera sin marco legal propio, bajo presión tributaria del Servicio de Impuestos Internos y bloqueos ordenados por la justicia.
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