La presidenta del Senado chileno propone eliminar las apuestas online
El Gobierno chileno no llegó con sus indicaciones al proyecto que regula las apuestas online y el Senado le estiró el plazo hasta el mediodía del lunes 26 de octubre. En ese hueco apareció una propuesta que va justo en el sentido contrario, la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, ingresó una indicación cuyo objetivo es hacer desaparecer las casas de apuestas en línea, con bloqueo judicial permanente de las plataformas ilegales, penas que llegan a 15 años de cárcel y agravantes cuando intervengan organizaciones criminales.
El retraso del Ejecutivo tiene una explicación interna. La iniciativa es de titularidad compartida entre los ministerios de Salud, Justicia, Economía y Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia, y según las versiones que circulan las carteras mandaron redacciones ya acordadas a pedido de la Segpres, que después modificó el texto, lo que provocó el rechazo de los otros cuatro y trabó el ingreso formal.
Desde la Segpres, que encabeza José García Ruminot, desmintieron esa reconstrucción con un argumento de proceso, se trata de un proyecto de larga tramitación cuyo avance exige revisar materias diversas y construir acuerdos amplios. El vicepresidente Claudio Alvarado puso el acento en lo mismo, habló de reuniones sucesivas y de una búsqueda de consenso en las indicaciones, y justificó la prórroga con una frase corta, se ha estimado necesario tener un plazo adicional.
La indicación de Núñez no discute los detalles del régimen sino su existencia. Las casas de apuestas en línea no son un negocio inocente, afirmó la senadora, y enumeró lo que a su juicio producen, adicción, deuda y consecuencias graves dentro de las familias. También apuntó contra el encuadre fiscal del proyecto oficial, con una idea que resume la posición prohibicionista, el Estado no puede volverse socio tributario de un problema que tiene el deber de prevenir, y puso sobre la mesa el riesgo de que las plataformas ilegales terminen en manos del crimen organizado.
El proyecto original apunta en otra dirección, resguardar a niños, niñas y adolescentes, fijar obligaciones tributarias, prevenir el juego problemático, proteger a los jugadores, perseguir la operación ilegal y armar un marco regulatorio para las plataformas. Con el plazo corrido y la indicación de prohibición sobre la mesa, la discusión vuelve al punto de partida, un modelo con licencias y controles contra la eliminación lisa y llana de la actividad.
Lo llamativo del momento chileno es que las dos puntas del problema avanzan por separado. Mientras el Congreso no define el régimen, el Estado ya está actuando por la vía judicial, con la Superintendencia de Casinos de Juego defendiendo esta semana ante los tribunales los bloqueos por DNS contra plataformas que operan sin autorización y con dos de ellas recurriendo a la Corte Suprema. Es decir, hay enforcement sin estatuto, y eso explica tanto la fuerza del argumento prohibicionista como su límite, porque el mismo bloqueo que hoy se discute en los tribunales sería la herramienta central de la indicación de Núñez, y lleva semanas mostrando que las plataformas reaparecen con dominios nuevos. La comparación con el otro expediente del día también vale, en la provincia de Buenos Aires la cámara baja está armando un texto de regulación integral mientras un senador presenta un proyecto para derogar el capítulo que habilita la actividad, de manera que el choque entre regular y prohibir no es una particularidad chilena sino la forma que está tomando la discusión en toda la región después de la decisión brasileña.
Etiquetas: Chile, Paulina Núñez, regulación del juego online, prohibición de apuestas